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Santo Domingo, DN, RD:- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT),
hizo causa común con la asociación de padres, madres tutores y amigos de la
escuela (APMAE), Instituto Tecnológico Dr. Federico Henríquez y Carvajal de la
ciudad de Barahona, al suscribir y reclamar del Tribunal Constitucional,
mediante escrito de intervención voluntaria de amparo, el garantizar el derecho
fundamental a la educación como servicio público prioritario, previsto en la
sentencia que condenará a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial
Barahona, al pago de un astreinte diario de 50 mil pesos, por cada día perdido
de docencia.
La entidad de sociedad civil, por intermedio de su presidente Trajano
Potentini, explicó que el derecho a la educación tiene un carácter
instrumental, del cual depende el ejercicio pleno y desarrollo de otros
derechos; tales como la dignidad humana, el libre desarrollo, el derecho al
trabajo e incluso la libertad de expresión, además del interés superior del
niños, entre otras prorrogativas y
facultades conexas.
A juicio de Potentini, en un ejercicio de ponderación y pesaje de dos
derechos fundamentales en posible conflictos, como el derecho a la educación
versus el derecho a huelga o protesta, el primero tiene preeminencia sobre el
segundo, en razón de que el plantear una huelga indefinida como el caso de la
especie, pondría indefectiblemente en peligro el año escolar, además de
tratarse de un servicio público, el cual en modo alguno puede ser afectado de
manera irracional.
En tal sentido reconocemos que los profesores siempre tendrán derecho a
ejercer su derecho a la protesta, pero bajo modalidades y formas que no afecten
el bien público y derecho prioritario a la educación, lo cual constituye sin
lugar a dudas un presupuesto base del Estado Social y Democrático de Derecho,
proclamado por nuestra carta magna en su artículo 7.
De lo que hablamos es que siempre los profesores tendrán su derecho a la
protesta garantizado, pero siempre en condiciones de racionalidad, nunca
truncando las esperanzas de millones de niños y adolescentes, que deben ser
objeto de un mejor futuro, en suma los profesores deben reinventarse en sus
métodos de lucha, haciendo siempre un ejercicio responsable de su derecho a la
protesta, en un marco de racionalidad.
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