Pascual Serrano
Pascual Serrano |
Están alcanzando un gran protagonismo en medios y
redes las denuncias de manipulación que están haciendo públicas los
trabajadores de RTVE. El detonante ha sido el uso de la mayoría absoluta del PP
en el Senado para paralizar la renovación de la dirección del ente público. La
actual dirección fue aprobada por las cámaras de la anterior legislatura, no
obedecen, por tanto, a la representatividad política actual. De ahí que el
bloqueo del PP haya indignado al resto de los partidos políticos.
Y no solamente a los partidos, también los consejos
de Informativos, las secciones sindicales y el propio Comité Intercentros, en
el que están representados los trabajadores, están protagonizando diferentes
actos de protesta. En las redes, bajo el hashtag #AsíSeManipula, las trabajadoras de RTVE
iniciaban el 30 de abril en Twitter e Instagram una campaña para “denunciar la
manipulación” en la corporación de radio y televisión pública. Desde el usuario
MujeresRTVE se retuiteaban numerosos ejemplos de manipulación recordando que
“se hace con el dinero de todos”. “No somos cómplices y nos negamos a
aceptarlo” señalaban. Además, invitaban a los espectadores de TVE, oyentes de
RNE y usuarios de la web de RTVE.es a participar y relatar ejemplos de
manipulación en sus redes sociales con el hashtag #AsíSeManipula. Un detalle a
tener en cuenta, que las denuncias sea protagonizadas por las mujeres.
El indignante panorama de manipulación en RTVE, al
igual que el que se vivió o se vive en Canal9 o Telemadrid, lleva a muchos
ciudadanos a replantearse la existencia y la viabilidad de contar con una
televisión pública. Y ese es el asunto que quiero tratar. El primer detalle a
destacar es que una campaña donde los trabajadores de la comunicación denuncien
la manipulación en el medio que trabajen es impensable en el ámbito privado. Es
verdad que la manipulación en un medio público es más indignante porque se hace
con el dinero de todos, pero no debería ser menos denunciable la manipulación
en un medio privado. No sirve como justificación que una empresa privada es
libre de adoptar una línea editorial u otra. Las televisiones y radios
disfrutan de una concensión pública, se considerán depositarias de un servicio
público y están obligadas profesional y legalmente a la veracidad y la
pluralidad en sus contenidos. No podemos aceptar desequilibrios ni
manipulaciones por muy privadas que sean, del mismo modo que no aceptamos que
una empresa privada de conservas elabore alimentos en mal estado, una
farmacéutica comercialice medicamentos fraudulentos, una inmobiliaria construya
edificios inseguros, un hospital privado preste una mala asistencia sanitaria o
una autopista de capital privado esté mal señalizada.
Para los políticos neoliberales la caída en
desgracia de la televisión pública no es un problema mayor, entre otras razones
porque saben que su ideología se transmite con mucha más impunidad en un medio
privado sin tener que dar incómodas explicaciones a trabajadores, sindicatos o
partidos de oposición. Es más, hundir su prestigio puede no ser una mala opción
si con ello los ciudadanos comienzan a replantearse el gasto en medios de
comunicación públicos y emigrar, por ejemplo, en el caso español, a las
televisiones de Berlusconi o Planeta. No olvidemos que, durante su presidencia
de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre más que manipular los contenidos
de Telemadrid, su objetivo era privatizarla.
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