Por El Grillo
Opción
Democrática condena el despilfarro de fondos públicos, el cual resulta nocivo
para los dominicanos, sobre todo cuando parte del ente llamado a regular a
todas las instituciones púbicas en la República Dominicana, la Cámara de
Cuentas.
La Cámara de
Cuentas ha manejado irresponsablemente millones de pesos dominicanos. Entre los
gastos injustificables por los que deberán dar respuesta podemos mencionar:
Un aumento de
salarios que, en el caso del presidente del organismo, eleva su salario en
RD$73,500.00 adicionales. De modo que Hugo Francisco Álvarez, que antes ganaba
RD$350,000.00 pasa a devengar RD$423,000.00. Fuera del presidente, los demás
miembros del pleno se auto-asignaron de “bonificación” dos sueldos completos de
RD$350,000.00 y RD$313,000.00, respectivamente, que eran los salarios que
percibían mensualmente antes del aumento de los RD$73,500.00 y RD$65,700.00 que
se hicieron en el mes de enero.
Un subsidio de
RD$80.00 diarios a los empleados que hagan uso del servicio de la cafetería.
La suma de
RD$55,359,678.14 repartidos el 15 de diciembre de 2017, una semana después de
haber recibido la regalía pascual y cinco días antes del pago de la nómina de
ese mes, lo que significa que solo en ese mes recibieron cuatro sueldos.
Estas cifras, en
su mayoría ya confirmadas por la misma Cámara, laceran lo más hondo de un
pueblo empobrecido, sumido cada día más en una crisis económica fruto del mismo
descontrol del uso de los fondos públicos, así como el creciente nivel de la
deuda internacional.
Es igualmente
bochornoso que en la Cámara de Diputados, pese a ser aprobado en el orden del
día miércoles 4 de marzo, dejaran fuera
de la agenda la propuesta de una resolución para interpelar a los miembros de
la Cámara de Cuentas ante el Congreso Nacional, conforme establece la
Constitución de la República Dominicana en sus artículos 93, 94 y 95.
En Opción
Democrática rechazamos el manejo generalizado de los recursos públicos en las
gestiones del presidente Danilo Medina y nos comprometemos a un gobierno donde
el uso del erario público esté siempre apegado a las leyes y la Constitución,
en beneficio de todo el pueblo dominicano.
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