El Cañero

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20 de abril de 2018

“Apátridas, segregación racial y violación de derechos: Balance y retos tras 4 años de la sentencia”


Por El Grillo
En septiembre del 2013 el Tribunal Constitucional de la República proclamó la sentencia 168-13 mediante la cual el Estado Dominicano puso en evidencia el racismo estructural y estatal, estableciendo que todas las personas nacidas en el país entre 1929 y 2010 de padres extranjeros en condición de irregularidad fueran negados de su nacionalidad dominicana.
Debido a las fuertes críticas y a la presión nacional e internacional, el gobierno reaccionó introduciendo la Ley 169-14, con el que se suponía se resolvería la situación. Sin embargo, la situación no se ha solucionado y muchos de los afectados han caído en una telaraña de violaciones a sus derechos y de ilegalidades, mientras la opinión pública ha sido en gran medida neutralizada.
Ana María Belique del movimiento Reconocido afirma que en el proceso de implementación de la Sentencia se “han instrumentado varios Libros de Transcripciones que ha fomentado un régimen de segregación racial a través del registro civil, en donde los dominicanos de ascendencia haitiana están separados del resto de los dominicanos nacidos en el mismo espacio y tiempo”.
La situación actual es compleja dado que se ha propagado la falsa idea de que la problemática se encuentra en vías de solución, neutralizando con esto la opinión pública y la presión nacional e internacional. En este sentido, Carlos Morel, Director del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo resalta la importancia de “desenmascarar la posición racista que han asumido los gobiernos del PLD, y no permitirle a la apología Danilista encuadrar este racismo y conservadurismo como algo exclusivo del grupo Leonelista, revelando como las políticas actuales no son más que cortinas de humo.”
Mientras tanto, ACNUR revela que existe un total de 133.770 personas afectadas por la apátrida. En este sentido, el movimiento Reconoci.do busca establecer espacios de diálogo que permitan encaminar esfuerzos para una restitución de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana de forma sea real, plena y efectiva para el goce de los derechos y la dignidad humana.
En sus comentarios, Carlos Morel opina que “avanzar en los derechos de este colectivo pasa por establecer un discurso que se conecte a las demás demandas de justicia y progreso social que tiene la población Dominicana y establecer que no es posible mejorar en términos de salud, empleo y calidad de vida en un país donde fácilmente se le niegan los derechos más básicos a todo un grupo de personas. Existe una responsabilidad de parte de todos los grupos progresistas e incluso de aquellos que luchan por la llamada “institucionalidad”, de asumir también las demandas de los desnacionalizados y los inmigrantes. Asumida estas demandas se abre la posibilidad que las demandas de este colectivo sean parte de las demandas de la oposición y que se abran espacios en los partidos contrarios al gobierno”.
Por su parte, Wilfredo Lozano insistió en la necesidad de conectar el análisis de la situación de los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país a una mirada más amplia de tipo histórico y estructural, que permita apreciar cómo ello es el producto de una política de larga data de exclusión social y manejo intolerante de grupos vulnerables.

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