El Cañero

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26 de abril de 2018

Justificación del proyecto desde el punto de vista de la Economía.

Por Airon Fernández Gil
Santo Domingo.- La teoría económica y su relación con Ley obligaría a funcionario público usar servicios de salud y educación públicos*
El riesgo moral
La teoría económica neoclásica que, en lo fundamental, es sobre la cual se rige el mundo capitalista del cual formamos parte, analiza el problema del riesgo moral. Éste consiste, aplicado al caso típico de la compañía de seguros, en que la parte asegurada, cuyo comportamiento no puede ser controlado totalmente, puede influir en aumentar la probabilidad de sufrir, por ejemplo, un accidente o una lesión, lo que el aumenta el pago, por encima de lo previsto, que tiene que hacerle la aseguradora. Cuando la compañía aseguradora no puede controlar el comportamiento de los asegurados, se ve en la obligación de aumentar la prima de los seguros o sencillamente no venderlos.
Esta teoría también aplica el problema del riesgo moral a las relaciones entre trabajadores y empleadores, cuando los primeros, al no poder ser vigilado su comportamiento por los segundos, rinden menos trabajo de lo esperado. Por lo tanto, los empleadores crean mecanismos, como registrar la hora de entrada y salida, la colocación de cámaras de vigilancia, etc., para eliminar el riesgo moral.
Dicho esto, el problema también se aplica a la relación entre funcionarios públicos (mandatarios) y ciudadanos (mandantes).
Cuando los ciudadanos-mandantes, que eligen, emplean y pagan los salarios de los funcionarios públicos, no pueden controlar o vigilar la conducta de éstos, son víctimas del problema del riesgo moral. Los funcionarios públicos, al ver asegurada su existencia con privilegios y salarios más que dignos, pueden holgazanear y tornarse ineficientes y desinteresados en mejorar la calidad de los servicios públicos que diseñan, administran y para los cual les pagamos con nuestros impuestos. Además, éstos pueden incurrir en actos de corrupción, que desvían fondos públicos que deberían invertirse en garantizar derechos fundamentales, como educación y salud de calidad, y crean las condiciones para garantizarse impunidad. Y ésta es la realidad que vive República Dominicana hoy en día.
Ante esto, los ciudadanos-mandantes, además de protestar, deberían exigir la creación de mecanismos e incentivos para eliminar o reducir el riesgo moral de los funcionarios públicos.
El problema del principal y el agente
La escuela económica antes citada, también analiza el problema del principal y el agente. El agente, es la persona o conjunto de personas empleadas por el principal para que trabajen en función de los objetivos de éste último. El principal, es la persona o grupos de personas que emplean a uno o más agentes con la finalidad de alcanzar sus objetivos.
Tomando como ejemplo la administración pública, los agentes son los funcionarios públicos y el principal, los ciudadanos dominicanos. En este caso, incluso estamos hablando de un ‘principal difuso’, o sea, de millones de dominicanos y dominicanas. El problema del principal y el agente consiste, ante la insuficiencia de información (transparencia) y control efectivo (que suelen ser costosos) sobre su conducta, que los objetivos e intereses de los funcionarios públicos no se correspondan con las necesidades e intereses de la ciudadanía que los emplea, generándole a ésta cuantiosas pérdidas y deuda social.

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