El rey emérito se enfrenta a una investigación por presunto delito
fiscal y blanqueo de capitales.
POR JAVI Sánchez – Vanity Fair
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| El rey Juan Carlos.© GTRES |
Ya ni en casa. Los negocios del rey emérito, los que su propio hijo
aventuraba ante notario que "pudieran no estar en plena y estricta
consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y
ejemplaridad" de la monarquía, están en el punto de vista de la Fiscalía
del Supremo. Para ser exactos, ahora mismo están dirimiendo qué pasa con la
figura del rey Juan Carlos en el caso derivado del cobro de presuntas comisiones
ilegales saudíes en la negociación que llevó al Consorcio Español Alta
Velocidad Meca Medina a encargarse de la construcción del "AVE del
desierto" y que al rey Juan Carlos le habría permitido embolsarse entre 65
y 80 millones de euros según las informaciones.
La cifra más alta es la que revelaba Corinna zu Sayn-Wittgenstein al
comisario Villarejo en las conversaciones que este grabó en 2015 cuando la
visitó en Londres, y cuya difusión sirvió para investigar una primera causa.
Causa que cayó en saco roto hace dos años, pues todo lo que haya hecho el rey
emérito antes de junio de 2014 no está sujeto a la justicia española. Sin
embargo, la actual orden de la Fiscalía del Supremo –a la que corresponde todo
lo que el monarca, aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo tras la
creación de la figura del rey emérito– asume las investigaciones de
Anticorrupción de este mismo año, "al resultar de las mismas que una de
las personas involucradas en los hechos investigados era el entonces rey, hoy
rey emérito, D. Juan Carlos de Borbón".
De momento, la investigación se centra "precisamente, en delimitar
o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al
mes de junio de 2014, momento en que el rey emérito dejó de estar protegido por
la inviolabilidad" constitucional. Es un paso más en los movimientos de la
Justicia contra el anterior rey, después de que el pasado viernes, día 5 de
junio, Dolores Delgado, fiscal general del Estado, dictase un decreto en el que
designaba como investigador principal a Juan Ignacio Campos, fiscal de Sala del
Supremo en la especialidad de Delitos Económicos. Campos también fue fiscal de
jefe de una sección penal de la Fiscalía del Supremo, y la nota de prensa del
Supremo recoge su "extraordinaria cualificación y experiencia" para
encargarse de esta investigación, dada su "transcendencia
institucional". Es decir, la posibilidad, aunque sea remota de que un
tribunal español juzgue al que fuera rey de España por delitos económicos.
La cuestión es si hay indicios delictivos posteriores a ese junio de
2014. La justicia suiza, que está investigando las distintas fundaciones y
testaferros del rey a la hora de mover millones de euros (le investigan por
cobro ilegal de comisiones y blanqueo de capitales), cree que sí desde hace al
menos dos años. Al menos en lo que a los movimientos de ese dinero respecta.
Aunque la causa original quedó archivada, la investigación del Supremo será
determinante para saber si el ex jefe de Estado podrá rendir cuentas ante la
justicia española, en uno de los tres frentes judiciales que tiene abiertos:
España, Suiza e Inglaterra.
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