El Poder
Ejecutivo entregó al Congreso Nacional una propuesta de reformulación del
Presupuesto General del Estado 2020 con la finalidad de compensar la caída de
ingresos que el Gobierno dejó de percibir por los efectos negativos que ha provocado
la pandemia del COVID-19 y registrar el gasto en el que se ha tenido que
incurrir para atender la emergencia sanitaria.
El ministro de
Hacienda, Donald Guerrero Ortiz y el director general de Presupuesto, Luis
Reyes, depositaron la pieza en el Senado de la República, donde fue recibida
por una comisión encabezada por el vicepresidente de ese órgano legislativo,
Arístides Victoria Yeb, e integrada por los senadores Dionis Sánchez, Amílcar
Romero y Wilton Guerrero.
Guerrero Ortiz
informó que la propuesta modifica la Ley no. 506-19, de Presupuesto General del
Estado 2020, que había contemplado la obtención de ingresos por un monto de
RD$750,000 millones, en los que se ha producido una caída de RD$106,000
millones, tras los efectos provocados por la pandemia del coronavirus sobre la
economía dominicana.
Explicó que si
bien esos fondos han sido compensados con ingresos extraordinarios recibidos a
través del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales
(IDOPRIL), la Tesorería de la Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos y
otras instituciones, queda un faltante de RD$73,000 millones.
El titular del
órgano rector de las finanzas públicas declaró que adicionalmente el Gobierno
ha tenido que incurrir en gastos no presupuestados, disminuyendo partidas que
estaban asignadas a algunas instituciones e incrementando otras, “lo que nos
arroja un déficit estimado para este año de 5% del producto interno bruto”.
Precisó que se
trata de un 2.8% por encima del déficit estimado en el Presupuesto del 2020 y
necesidades de financiamiento vinculadas a la pandemia de unos RD$150,000
millones de pesos, que se suman a las que se habían estimado en el presupuesto
de este año.
El Gobierno
aprovechó la introducción de la propuesta de modificación presupuestaria para
extender el periodo de vigencia de la Ley de Transparencia Patrimonial, de
manera que los sujetos obligados a rendir cuentas de sus impuestos dispongan de
un tiempo adicional ante la ocurrencia de la emergencia sanitaria.
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