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| Miguel Franjul |
PUNTA CANA, La Altagracia. El vicepresidente de la Comisión
de libertad de prensa de la SIP Para la República Dominicana, Miguel Franjul
critico los excesos que cometen agentes policiales o militares, entre ellos
escoltas de funcionarios públicos contra periodistas, los cuales se han hecho
frecuentes en el momento en que se producen disturbios callejeros, en algunos
juicios controversiales en los tribunales o en actos públicos masivos.
De igual forma,
advirtió que todavía predominan en el Código Penal bajo revisión otros
artículos que penden como Espada de Damocles sobre la garganta de la libertad
de expresión.
Franjul manifestó que
contra esos artículos la SIP seguirá insistiendo para que sean eliminados del
ordenamiento jurídico dominicano y los medios de comunicación puedan ejercer su
misión sin estas cortapisas.
En su Informe sobre el
estado de la libertad de prensa en la República Dominicana en el semestre
octubre 2015-abril 2016 presentado ante la reunión de medio año de la SIP en
Punta Cana, el director del Listín Diario dijo que si bien la prensa se ha
liberado de estas rémoras, es un hecho preocupante la recurrencia con que
reporteros y foto-reporteros o comentaristas de radio y televisión sufren
agresiones físicas o amenazas o se exponen a presiones de todo género, una tendencia
en auge en los últimos años, coincidiendo con el incremento de las actividades
del crimen organizado, los pandilleros y los delincuentes comunes.
Recordó que
recientemente, los periodistas Danny Polanco y Socorro Monegro, fueron heridos
por disparos de escopetas y bombas de agentes policiales durante violentos
enfrentamientos en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y frente
a una oficina gubernamental contigua al Palacio Nacional. El autor de los
disparos que hirieron al periodista Polanco, haciéndole perder la visión de un
ojo, fue dado de baja y sometido a la justicia mientras al comandante de la
tropa lo penalizaron con varios días de arresto.
Cabe destacar que en
este semestre 12 periodistas han muerto, según Claudio Paolillo, presidente de
la SIP, mientras Franjul reveló las amenazas de muerte contra varios
periodistas de provincias que han menudeado en la medida en que estos
denuncian, por sus medios, sean digitales, televisivos, radiales o impresos,
supuestos casos de corrupción en el manejo de recursos públicos en alcaldías,
gobernaciones provinciales o dependencias del gobierno, o cuando difunden notas
sobre las pandillas y los sometimientos de delincuentes en los tribunales.
Resalto que luego de
una larga espera de tres años, el Tribunal Constitucional de la República
Dominicana anuló, a principios de este año, siete artículos de la ley sobre
expresión y difusión del pensamiento, desmantelando parcialmente el entramado
de sanciones penales contra los llamados delitos de palabra que rige desde el
1962, acogiendo así un recurso de inconstitucionalidad incoado por tres diarios
con el respaldo de los demás medios impresos que pertenecen a la Sociedad
Dominicana de Diarios.
Explico que con este
fallo, se anula el llamado "efecto cascada" por medio del cual el
director de una publicación era considerado autor de un delito de difamación e
injuria que hubiese sido responsabilidad de un tercero y que se comprobase en
juicio, así como aquellos artículos que impedían a los medios publicar
"denuncias o declaraciones dubitativas" que fuesen lesivas al honor
de una serie de funcionarios públicos y diplomáticos, lo que francamente
constituía una censura previa.
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