El Consejo de Estado informó a favor del
recurso salvando las leyes sociales
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| Tribunal Constitucional. Reunión para el recurso presentado por El gobierno (Emilia Gutiérrez) |
JOSÉ MARÍA BRUNET - Vanguardia
Madrid.- El Gobierno ha aplicado la nueva doctrina en
favor de una distensión relativa con Catalunya en el último recurso que ha
presentado ante el Tribunal Constitucional (TC). Esta impugnación se dirige
contra la moción aprobada por el Parlament para reiterar la voluntad de
mantener el objetivo de la independencia. La novedad del recurso del Ejecutivo
de Pedro Sánchez es que esta vez se ha evitado pedir al TC que acompañe la
medida de la suspensión con requerimientos personales y advertencias en mano
sobre posibles responsabilidades penales en caso de incumplimiento.
Lo novedoso, por tanto, es que si bien el
Gobierno mantiene su estrategia de oposición frontal a cualquier avance del
proyecto independentista, en esta ocasión no se adorna con movimientos
colaterales, que ve innecesarios. El gesto consiste en que esta vez se ataca el
núcleo de lo decidido por el Parlament y se vuelve a intentar pararle los pies,
pero sin necesidad de reiterar advertencias sobre la posible comisión de
delitos y sobre la previsible reacción de la Fiscalía, en caso de que las
resoluciones del TC sean desatendidas. El Gobierno, ya se ve, habrá pensado que
la situación de prisión preventiva de los presos del caso 1-O es un aviso
suficientemente rotundo y palmario.
El Gobierno no pide esta vez al Tribunal que
notifique en persona cuál es el riesgo de desobedecer
El recurso fue anunciado por el Ejecutivo el
pasado día 6, pero su gestación y presentación de ha llevado a cabo con sumo
sigilo. Tras dicho anuncio, el Consejo de Estado recibió la petición del
preceptivo dictamen el pasado martes. Como viene siendo costumbre, se le pedía
una respuesta en menos de 48 horas. El miércoles se preparó el informe y la
permanente del Consejo lo aprobó el jueves. El principal órgano consultivo del
Gobierno ha despachado el asunto con discreción, mediante un dictamen en el que
se viene a decir que procede el recurso pero que no hay que perder mucho tiempo
en argumentarlo. Su tesis es que lo que ahora pretende volver a impulsar el
Parlament ya fue anulado meses atrás por el Constitucional, y que con
recordarlo basta. Es decir, que lo ahora suspendido ya está anulado. Más que
salir a apagar el incendio, por tanto, lo que el Consejo estima acertado es
vigilar los rescoldos.
El Constitucional, a su vez, recibió el
pasado viernes el recurso del Gobierno, acompañado del dictamen favorable del
Consejo de Estado. Y ayer el TC nombró ponente del asunto al magistrado Ricardo
Enríquez. El siguiente paso ha sido que este martes el pleno del Constitucional
haya admitido a trámite el recurso, suspendido la moción del Parlament y, en
breve, se vaya de vacaciones. El de esta semana es su último pleno del curso. Y
se irá con un recado implícito, derivado de que el dictamen del Consejo de
Estado muestra especial sensibilidad hacia la petición del Parlament de
recuperación de sus leyes sociales. El Consejo cree que no hay nada que
recurrir contra la voluntad del Parlament de resucitar su política social. Pero
fue el TC el que anuló en parte esas prioridades. El intento de recuperarlas
también forma parte de la operación ratafía. Depende en gran medida del
Gobierno y del propio TC que el intento llegue a buen puerto.
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