Por Juan Bolívar Díaz
Las dos veces que el PLD alcanzó el poder se buscó el amparo de la sociedad civil que ahora rechaza y desprecia, con la que modificó, también dos veces, la composición de la Junta Central Electoral y creó comisiones de seguimiento a sus labores.
La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).
El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.
Doble rechazo del PLD
Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.
Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.
En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.
En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.
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