Dos años de intensa presión

WASHINGTON-  Con una inversión millonaria en cabildeo y litigación judicial, firmas de inversiones han logrado bloquear durante los últimos dos años los esfuerzos a favor de que el Gobierno de Puerto Rico tenga un estatuto legal general que le permita reestructurar su deuda de casi $70,000 millones.

Poco a poco, además, esas empresas de Wall Street han logrado avanzar la idea en Washington de que el Congreso imponga una junta federal de control fiscal que arrebate a los funcionarios electos del Gobierno de Puerto Rico el poder que ahora tienen  para manejar su presupuesto y sus planes financieros.

La imagen reciente de este forcejeo es la campaña publicitaria de cerca de $2 millones que el Centro para la Libertad Individual (CFIF, en inglés) ha mantenido en las principales cadenas de televisión de Estados Unidos y hasta en canales y emisoras de radio de los distritos de los miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, que tienen en sus manos la papa caliente del proyecto 4900 que impondría una junta federal de control fiscal por encima del Gobierno de Puerto Rico.

Pero el garrote de una junta federal que asuma el control de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico ha sido impulsado por firmas de inversiones, por medio de campañas publicitarias previas y un persistente cabildeo en el Congreso,  desde el mismo momento en que se aprobó la ley criolla de quiebras en junio de 2014. En aquel momento, los anuncios de grupos conservadores en medios estadounidenses indicaban que salían en defensa de Doral en su pugna con el Gobierno de Puerto Rico debido a un crédito de $229 millones, pero el argumento de fondo era favorecer que el Congreso impusiera una junta federal de control fiscal.

Las empresas y bufetes que cabildean a favor y en contra de que Puerto Rico tenga autoridad para reajustar sus obligaciones financieras públicas han gastado millones para cabildear en el Congreso sobre la posible quiebra de dependencias del Gobierno puertorriqueño y otros temas.