Por El Grillo el 4 octubre, 2016
La Fundación por los Derechos del Consumidor (FUNDECOM) consideró que
por la trascendencia que tiene para el sector energético el proyecto de plantas
a carbón de Punta Catalina, este debe ser conocido en las discusiones del Pacto
Eléctrico, para decidir sobre la inversión y sobre el tipo de combustible que
debe utilizarse para su operación.
En nota de prensa la institución consideró que el Gobierno, al poner en
venta 1,000 millones de dólares en acciones de Punta Catalina, está admitiendo
las dificultades financieras del proyecto en proceso para construir dos grandes
plantas de 360 megavatios cada una, a operar con carbón mineral como
combustible.
FUNDECOM recordó que la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo en
su Art. 27, acápite 4.3.1.4, manda a fomentar la descarbonización de la
economía nacional a través del uso de fuentes renovables de energía, el
desarrollo del mercado de biocombustibles, el ahorro y eficiencia energética y
un transporte eficiente y limpio, lo que contrasta con un proyecto de tanta
envergadura a operar en base a carbón mineral como fuente energética.
La organización de defensa de los derechos de los y las consumidoras
recordó igualmente que el presidente de la República se comprometió en París,
Francia, a reducir las emisiones de CO2 a la atmosfera, dentro de los acuerdos
a que se arribó allí con el fin de combatir el cambio climático que pone en
peligro la existencia misma de la vida en la Tierra, “por lo que debe honrar
ese compromiso hecho en el P-21, por lo que procede darle un giro radical al
proyecto original para que las dos plantas operen quemando combustible más
amigable al medio ambiente, como lo es el gas natural, siempre que no extraiga
en la forma tradicional y no mediante el método de factura hidráulica”.
En la cumbre de parís sobre el cambio climático celebrada el 12 de
diciembre de 2015, asistieron delegados de 195 países, los cuales firmaron los
acuerdos aprobados allí en busca de reducir los efectos del calentamiento global,
lo que hace al país compromisario de los mismos.
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