(LD) Santo Domingo.- El juez titular del Tribunal Superior
electoral (TSE), Ramón Arístides Madera Arias, afirmó que la Junta Central
Electoral (JCE) cometió una aberración jurídica y una distorsión de la ley al
haberle adjudicado una diputación nacional a un partido político que apenas
obtuvo como votos propios 0.15% del total de los sufragios válidos emitidos en
el nivel legislativo durante los pasados comicios.
Madera Arias se apartó de nuevo de la decisión de sus
cuatro colegas del pleno de jueces del alto tribunal jurisdiccional, mediante
un voto disidente contra la sentencia TSE-782-2020, que favoreció la decisión
de la JCE y adjudicó la quinta diputación nacional al Partido Cívico Renovador
(PCR), en perjuicio de la señora Celia Licelot Encarnación Minyety, candidata
del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El magistrado calificó la decisión de “absurda y adefesio
jurídico” que favoreció una decisión injusta y al margen de la ley electoral,
tras enfatizar que en su calidad de ciudadano, de juez electoral independiente
y de libre pensador, su único compromiso es con el pueblo y con el
adecentamiento del país.
Citó que su obligación es la defensa y la protección de
la democracia y los mejores intereses de la sociedad, y que por ello cumple con
el deber de actuar con transparencia, imparcialidad y objetividad, oponiéndose
a la sentencia de la mayoría de los jueces del TSE.
“No tengo que
rendirle culto ni cuenta a nadie, ni ser genuflexo ante ninguno de los sectores
políticos, poderes fácticos, económicos, sociales o religiosos, con los cuales
no tengo compromiso, pues antes de asumir el cargo presté juramento de cumplir
y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”, destacó Madera Arias.
El magistrado indicó que seguirá actuando apegado a la
justicia y al derecho, a pesar de estar consciente de que asumir posiciones
independientes y responsables, y de que actuar con criterio propio tiende a
ofender y disgustar a mucha gente, principalmente a los afectados con sus
decisiones.
Puso como ejemplo que es amigo y admirador del presidente
del Partido Cívico Renovador desde hace más de 25 años, pero que la emisión de
su voto disidente en este caso le ha traído como consecuencia que el general
Jorge Radhamés Zorrila Ozuna decidiera retirarle su amistad.
Consideró que como juez no puede prestarse a emitir un
voto a favor de una decisión de la JCE que ha sido el producto de artimañas,
subterfugios y mecanismos incorrectos usados en varias juntas electorales del
país.
Entiende que con su resolución la JCE ha
desnaturalizado los hechos y va en contra del ordenamiento jurídico, decisión
que como juez tiene la obligación de rechazar,
“aunque me cueste perder a un amigo, porque los intereses del pueblo
están por encima de los intereses individuales”.
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