El Cañero

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14 de diciembre de 2016

Conadeco espera que con sentencia del TSA acogiendo recurso de amparo se haga justicia a los usuarios del transporte

El Recurso de Amparo, el fallo del tribunal, el apoyo del gobierno al desorden,  la presión de los transportistas y lo que esperamos los usuarios.
El Recurso de Amparo interpuesto por el Consejo Nacional de Defensa al Consumidor (CONADECO), junto con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).  ante el Tribunal Superior Administrativo  (TSA), en contra de varias instituciones del Estado entre las que se encuentran los Ministerios de Industria y Comercio, Interior y Policía, De las Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo; además de la Policía Nacional, Procompetencia, Autoridad Portuaria y la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT),  donde se busca liberalizar el sector transporte en el país, garantizando las libertades de empresa, contratación, competencia y tránsito y la mejoría del servicio a los usuarios que proclaman su derecho a elegir.
CONADECO expresa el clamor por la aplicación de la ley, porque es lo que podrá otorgar seguridad jurídica al país y garantías a sus ciudadanos a través del cual solicita acabar con el monopolio del transporte, lo cual es perjudicial en todos los órdenes porque en primer lugar es violatorio de la Constitución de la Republica en su Art.  50.- el cual reza:  “Libertad de empresa. El Estado reconoce y garantiza la libre empresa, comercio e industria. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en esta Constitución y las que establezcan las leyes”.
Además de la Carta Magna, la Ley General de Defensa de la Competencia número 42-08, que crea a Procompetencia, persigue la promoción de la libre competencia para de esta forma aumentar la eficiencia de los mercados, con el fin de generar beneficio y valor en favor de los consumidores.
Procompetencia afirma que la competencia es la concurrencia en un mismo mercado de múltiples empresas que producen bienes o servicios similares y de un gran número de consumidores que compran libremente con suficiente información.  La Ley 42-08 prohíbe las prácticas desleales e ilícitas que son definidas como los actos o comportamientos realizados en el ámbito comercial o empresarial que resulten contrarios a la buena fe y ética comercial y cuyo objeto sea un desvío ilegítimo de la demanda de los consumidores o usuarios.

Conadeco enfatizó que la República Dominicana también es signataria de acuerdos internacionales y miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entidad que promueve la libre competencia entre los diferentes actores del mercado.

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