En otro nuevo y polémico intento por hacerse
de los fondos de organismos públicos, el gobierno nacional lanzó un decreto que
modifica el pago de haberes a los jubilados nacionales.
Aunque rápidamente, desde gobierno se anunció
la posibilidad de dar marcha atrás con la medida, no deja de ser preocupante el
intento de la nueva administración gubernamental por la quita y reasignación de
fondos con clara intención de reducir el creciente déficit fiscal generado en
las cuentas públicas.
La compulsividad del Poder Ejecutivo por los
Decretos esconde mucho más que los 20 pesos que perderá cada jubilado respecto
a la ya de por si cuestionable, para ATE, ley de movilidad jubilatoria aprobada
durante el kirchnerismo.
Lo que verdaderamente se plantea y se
pregunta desde la ATE es para que se utilizarán los más de 3.000 millones de
pesos anuales que el gobierno está quitando al conjunto de los jubilados.
Ya en el mes de enero, a través de dos
transferencias sucesivas el gobierno utilizó fondos del ANSES para hacer frente
al acuerdo de devolución de los fondos coparticipativos que Nación y provincias
sellaron el año pasado.
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