El Cañero

29 de marzo de 2017

Abinader propone eliminación deficiencias, despilfarro y corrupción gubernamental antecedan acuerdo fiscal

Santo Domingo,- El economista y dirigente político Luis Abinader afirmó hoy que cualquier pacto fiscal que pudiera consensuar en el país, como ha recomendado el Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene que darse a partir de un saneamiento de las finanzas públicas, que incluya eliminar las deficiencias, el despilfarro y la corrupción prevalecientes en la gestión pública.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las pasadas elecciones, expuso que el endeudamiento desenfrenado a que se está llevando al país se debe, entre otros factores, a que desde 2008 los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acumulan déficits que cubren con nuevas deudas, generando una situación de insostenibilidad financiera, por el alto porcentaje de los ingresos tributarios que debe destinarse al pago de intereses y del servicio de la deuda.
Expuso que la base de cualquier cambio significativo en la gestión económica del gobierno, tiene que partir de mejorar la calidad del gasto público, pues se han hecho entre 2010 y 2017 más de 10 ajustes tributarios y la presión fiscal no aumenta. Si el gobierno no se administra adecuadamente, los recursos que provean los tributos se irán por ese hoyo sin fondo que es la pésima calidad del gasto público que tenemos en el país.
Abinader ilustró que una reforma tributaria exitosa lo más que puede aportar al fisco es un 2% del PIB, unos 80 mil millones de pesos que serían insuficientes para cubrir los déficits del gobierno que en promedio han sido de alrededor  de 120 mil millones de pesos en los últimos años.

“Ese simple razonamiento permite entender que el problema no es de pacto fiscal ni de reforma tributaria sino de cortar el desorden existente en la gestión gubernamental”, puntualizó, para subrayar cómo la mala calidad del gasto público se observa en instituciones que se repiten y en niveles de corrupción que llevan a que al gobierno le cueste hasta tres veces más la adquisición de bienes o servicios, respecto a cualquier particular del sector privado.
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