¿Evo, Chávez o Leonel?

Valerio Lara

¿Quién ronda más en la dictadura: el gobierno de Evo Morales, Hugo Chávez o Leonel Fernández?

La evaluación de quien entona mejor con ese San Benito trasciende al hecho de que dos de esos gobiernos se adscriban a tendencias del populismo de izquierda y el otro al pragmatismo conservador de derecha. Se requieren, antes que las consideraciones sobre ellas, de precisiones basadas en datos y hechos ponderados en tiempo real.

El diccionario RAE define la dictadura como "el Gobierno que, bajo condiciones excepcionales, prescinde de una parte, mayor o menor, del ordenamiento jurídico para ejercer la autoridad en un país".

Ese conjunto de normas que sirve como referencia para la determinación de rasgos dictatoriales son los pactos y convenios internacionales, constitución, legislación y normas vigentes en un determinado Estado. La autoridad la encarna el funcionariado durante su ejercicio de los poderes públicos; sean estos los clásicos Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los que se consideran funciones públicas; como los electorales, gobiernos locales, contraloría, Asamblea Constituyente, defensoría pública, entre otras instancias supuestamente independientes. Aún exista esa diversidad de poderes y funciones públicas, las tendencias dictatoriales sombrean más al presidente de la república y a los que presiden los gobiernos locales. Diría que un síndico es una miniatura de presidente.

El análisis de cada una de estas gestiones presidenciales se enfocará en función de su nivel de responsabilidad en el respeto a los derechos fundamentales, legislación vigente y la Constitución.

Los pactos internacionales más importantes que suscribieron estos tres estados son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus convenios complementarios sobre derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y colectivos. Por eso, el respeto de ellos constituye un indicador esencial para las comparaciones.

El nivel de cumplimiento de las leyes vigentes en cada país sería un segundo indicador importante.

En el análisis entrarán en juego las características de sus constituciones, debido al rol disuasivo de ellas, en función de la eficacia de sus mecanismos de control, garantía y participación popular. Para los casos de República Dominicana y Bolivia se tomarán como referencia sus Proyectos Constitucionales, los que entrarían en vigencia casi de inmediato. Venezuela ya tiene una nueva constitución desde 1999 y está ahora embarcada en reformas en lo que atañe al derecho a la reelección sucesiva de los funcionarios elegibles.

El tour analítico inicia con la ponderación de los derechos fundamentales en la gestión de Hugo Chávez Frías. Se toma como referencia el último informe anual de PROVEA, la que es una ONG con 20 años de experiencia en la evaluación de la situación de los derechos fundamentales en ese país. Ellos consideran como avances positivos en Venezuela el buen desempeño de la Defensoría del Pueblo, mayor inclusión social, menos represión a las manifestaciones de opositores y la menor impunidad relacionada con los delitos policiales.

En cambio, esta institución no gubernamental resalta como retrocesos la ineficacia del gobierno ante la inseguridad ciudadana (48 homicidios/100 mil habitantes), el déficit de viviendas, la mora sobre la aprobación de leyes que consoliden el sistema de seguridad social, los asesinatos policiales (433) y el sicariato. Persisten las violaciones a la libertad de expresión y las dificultades para acceder a las informaciones públicas.

En cuanto a los derechos sociales, Venezuela mejoró los indicadores educativos y la inversión pública en salud. El Poder Judicial recibe el 3% del Presupuesto Nacional. En cambio, en el plano constitucional, la independencia del Poder Judicial está muy reducida.

Para el desempeño gubernamental de Evo Morales, en lo relacionado con derechos fundamentales, se toman como referencias el informe sobre el caso elaborado en este año 2009 por Human Right Watch (HRW) y el informe sobre la investigación de la Masacre de Pando, auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Resalta HRW que en Bolivia hay una precaria situación de los derechos humanos debido a sus profundas divisiones políticas, étnicas y regionales. Los enfrentamientos entre sectores indigenistas del gobierno central y las capitales autonomistas (Santa Cruz, Sucre, Tarija y Cobija) ocasionaron numerosos muertos y heridos en ambos bandos.

Es el más impresionante reporte que usted pueda leer, debido a que los prefectos autonomistas, quienes son opositores acérrimos al gobierno de Evo Morales, son a los que se les responsabilizan de la mayor parte de las violaciones de derechos humanos. En Sucre, una banda auspiciada por la prefectura permitió el asalto a un estadio y el sometimiento a vejámenes y torturas crueles a 18 indígenas, quienes esperaban un discurso del presidente Morales.

El informe de UNASUR sobre la masacre en el municipio El Porvenir, Departamento Pando, reporta 18 asesinatos y 70 desapariciones auspiciada por sectores opositores al gobierno de Evo Morales. Describe, además, torturas, remate de personas heridas, discriminación de campesinos y estudiantes normalistas de descendencia indígena, llamados despectivamente "kollas". Destaca la inoperancia del sistema judicial boliviano y en particular el de la instancia local de Pando. Percibe como una acción más política que judicial el hecho de que las imputaciones se limitaran al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

En cuanto al respeto de los derechos fundamentales en República Dominicana, un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estima la ocurrencia de 500 asesinatos policiales durante el año 2008, denominados con los eufemismos "intercambio de disparos" o "muertes legales". El 63% de estas víctimas son supuestos delincuentes civiles, entre 18 a 34 años y residentes en barrios pobres. En el 70% de los actos delincuenciales develados hay involucrados policías y militares activos o en retiros.

Existen denuncias de que existe un escuadrón policial denominado "los cirujanos", con el objetivo de invalidar a supuestos delincuentes, mediante balazos precisos en las extremidades inferiores. Por la otra parte, se estiman 38 los policías asesinados por los delincuentes.

En el aspecto migratorio, a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana, descendientes de ciudadanos haitianos, les mantienen en el limbo sus respectivos estatus de nacionalidad, debido a medidas de la Sala Administrativa de la Junta Central Electoral, fundamentada en una discutible interpretación que hiciera la Suprema Corte de Justicia respecto a la condición de "tránsito" de los ascendientes haitianos de los afectados. Los recelos históricos y los temores frente a las reales amenazas de la inmigración haitiana, las que afectan a una mayoría de los dominicanos, conllevó a que en comunidades de Puerto Plata, Jimaní, entre otras, se desataran persecuciones indiscriminadas contra vecindarios de personas de origen haitiano.

El caso más curioso es que por lo menos el 50% de la población, algunos periodistas, congresistas, jerarcas eclesiásticos y empresariales dan su anuencia a estas violaciones flagrantes de derechos humanos, bajo el alegato de que son males necesarios para el combate firme contra la delincuencia y lo perentorio del combate a la grave amenaza de la inmigración haitiana.

Si sólo se considerara la perspectiva del respeto a los derechos fundamentales, el gobierno más distante de rasgos dictatoriales es el de Evo Morales, pues él mismo y sus seguidores indígenas fueron víctimas, en vez de victimarios. El de Hugo Chávez, a pesar de sus deficiencias, es un gobierno con mucho menos rastros dictatoriales que el de Leonel Fernández.

Si la evaluación comparativa se realizara en base al cumplimiento de las leyes vigentes en cada país, el prontuario de la República Dominicana es tan extenso y variado que ella misma se basta para autocalificarse de una cuasi dictadura, principalmente en los aspectos atinentes a la administración pública.

Pondere el set de leyes relacionadas con la formulación del presupuesto de ingresos y gastos públicos. Aquí determinará que la actual ley de presupuesto viola:

Los términos de la ley 194-04, la que concede independencia presupuestaria a la Suprema Corte de Justicia, Cámara de Cuentas y Ministerio Público. El artículo 197 de la ley 66-97, la que define las referencias para el presupuesto de la Secretaría de Estado de Educación. La ley 166-03 sobre el 10% del Presupuesto Nacional para los gobiernos municipales. Viola, además, las leyes 5778 sobre el 5% a la UASD, 275-97 sobre la JCE, la 49-02 sobre la Secretaría de Estado de la Juventud, entre otras.

Otras leyes violadas en forma flagrante por el sector público son la ley 41-08 sobre la Secretaría de Estado de Administración Pública, la ley 497-06 sobre austeridad en el gasto público (EPD). En cambio, la ley 340-06 sobre contrataciones y concesiones del Estado no se viola nunca, debido a que sus efectos positivos fueron anulados mediante la ley 449-06. Una gran parte de las instituciones estatales violan la ley 200-04 sobre libre acceso a la información pública. También violan la ley 46-97 que consagra las autonomías presupuestarias del Poder Legislativo y Judicial y la flamante ley 112-00, sobre el precio de los productos derivados del petróleo, entre otras.

Cuando Bolivia y República Dominicana aprueben sus cambios constitucionales, tendrían mecanismos tan eficaces como los de Venezuela con respectos a las garantías para la preservación de los derechos fundamentales, tales como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Hábeas Corpus, la Acción de Amparo y la tutela judicial.

Pero si es respecto a la transparencia en el gasto y gestión presupuestaria, diría que la República Dominicana instaurará una dictadura financiera con respaldo constitucional. Si entrara en vigencia la nueva Constitución, las violaciones legales enumeradas respecto a la ley de prepuesto, se convertirían en facultades constitucionales del poder Ejecutivo, mediante su artículo 218 del proyecto de reforma constitucional, el cual establece que: "En la Ley de Presupuesto General del Estado se podrán conceder autorizaciones para reorientar rentas cedidas o asignadas y modificar leyes que establezcan determinados gastos públicos, con carácter transitorio y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Presupuesto".

Permanecen supeditados al Poder Ejecutivo la designación de los miembros de la Cámara de Cuentas (principal organismo de control auditoría del Estado) y el control de los arbitrios municipales.

A diferencia de Venezuela y Bolivia, los dominicanos no disponen de referendo para revocación de mandato de funcionarios públicos elegibles, como un mecanismo disuasivo en el ejercicio de la función pública.

Pero si desea darse cuenta de una vez por toda donde hay más rasgos dictatoriales, en función de la constitución, sólo pondere el hecho de que Hugo Chávez, militar, Presidente, con el control de los poderes Judicial, legislativo y electoral, con un presupuesto de ingresos de 79 mil millones de dólares, no puede imponer una reforma constitucional, sin someterla ante el escrutinio de la Soberanía Popular, un escenario en el cual este mega presidente no tiene aún nada definido.

Bolivia decide hoy mismo mediante un referendo la vigencia de una nueva constitución y los límites sobre los derechos de propiedad de la tierra.

En cambio, la República Dominicana realizará un profundo cambio estructural de la Constitución, sin la celebración de un simple referendo aprobatorio, sin tomar en cuenta las votaciones de una consulta popular oficial, con la exclusión de recomendaciones claves de la Comisión de Jurista designada por el mismo Presidente de la República, relacionadas con la pertinencia de la Asamblea Constituyente y la ampliación de las prerrogativas del Congreso.

Entonces, ¿quién tiene más rasgos dictatoriales: el gobierno de Evo, Chávez o Leonel?