El Cañero

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26 de noviembre de 2015

Denuncian que el gobierno pretende imponer en el pacto eléctrico la generación eléctrica a carbón

Carlos Janáriz Irribarren, presidente Asociación 
de 
Empresas de Eficiencia Energética y Energía 
Renovable
Convocan a celebrar la marcha mundial del clima el 29 noviembre demandando el remplazo del carbón en las plantas de punta catalina
SANTO DOMINGO.- Mientras el mundo marcha hacia la instauración de las energías limpias y renovables en la Conferencia Mundial sobre el Clima que se celebrará a finales de mes en París, Francia, el gobierno dominicano pretende imponer en el Pacto Eléctrico una plataforma energética basada en el carbón y en la generación tradicional, con altas emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático, denunciaron hoy organizaciones de la sociedad civil, empresariales y ambientalistas.
En rueda de prensa, efectuada en la mañana de hoy, la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética y Energía Renovable (ASEEFEER), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), Justicia Climática, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Fundación Macorís Verde, informaron que en la semana pasada los representantes del gobierno, encabezados por el Ministerio de Energía y Minas, en el Pacto Eléctrico vetaron el consenso que se había acordado de restablecer los incentivos fiscales de la ley 57-07 que tenía antes de la reforma fiscal del 2012, para promover las energías limpias y renovables.
Añadieron que los representantes gubernamentales, con la excepción del Comisión Nacional de Energía, CNE, que se opuso al disenso presentado por el sector oficial, plantearon en la segunda plenaria del Pacto Eléctrico posponer esta decisión hasta que se celebre el Pacto Fiscal luego de las elecciones del 2016.
Las entidades señalaron que con este veto el gobierno demuestra claramente que su verdadera apuesta energética es el carbón y no las energías limpias y renovables.
Igualmente denunciaron que desde hace más de dos años el gobierno mantiene estancadas once concesiones eólicas que aportarían alrededor de 1,300 megavatios sin que el sector público invierta un solo centavo, y que competirían 

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