POR: JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Sólo un amplio frente
político-social podría desplazar al PLD del poder Sólo un amplio frente
político-social podría desplazar al PLD del poder
En los más diversos
ámbitos nacionales se afianza la convicción de que será necesaria una amplia
concentración de fuerzas políticas y sociales que genere una gran sinergia para
vencer el entramado de dominación del Partido de la Liberación Dominicana
Por Juan Bolívar Díaz
Convencidos de que
ningún partido podrá por sí solo vencer la dominación política y social
impuesta por el PLD con todos los poderes del Estado, varios agrupamientos de
ciudadanos buscan concertar acciones para promover un amplio frente
político-social que genere una sinergia capaz de convertirse en aluvión.
Los grupos sociales
profundamente insatisfechos con la gestión gubernamental peledeísta y fatigados
por la corrupción y la impunidad, confían en que podrán convencer a los
partidos opositores de conectarse con las mayorías sin militancia partidista
bajo compromisos para un gobierno de transición democrática y un nuevo modelo
de desarrollo.
Un movimiento social
En los últimos meses
proliferan los grupos sociales alentados por las masivas manifestaciones de
insatisfacción, cuya mayor expresión es la Marcha Verde, bajo la premisa de que
será necesario darle un contenido político para buscar restablecer las bases de
la democracia, secuestradas por el peledeísmo, y poner en marcha un nuevo
modelo de desarrollo económico social, sustentable y con mayores y mejores
niveles de distribución.
Se nutren de la
insatisfacción de la ciudadanía con el sistema partidista, registrado en las encuestas,
tanto que la última de Mark Penn-SIN arrojó un 59 por ciento sin vínculo con
los partidos. La insatisfacción se expande particularmente por las clases
medias, con tasas de hasta 60 por ciento de los jóvenes que quieren irse del
país, pero que no podrán porque las fronteras de la migración se están cerrando
por todas partes y no podrá repetirse la égida de millón y medio de dominicanos
de los últimos 50 años.
Algunos de los
agrupamientos ya han salido a la luz pública como el Movimiento Independiente
por el Rescate Democrático (MI-RD) que integra a reconocidos profesionales y
artistas, como José Rijo, Manuel Jiménez y Paula Disla; y el Congreso Cívico,
constituido por viejos luchadores democráticos, ambos con ramificaciones en
diversas ciudades. También el Grupo Conciencia Nacional, que aglutina a
personalidades como Eulogio Santaella, Enmanuel Esquea, Federico Lalane y
Leopoldo Franco Barreras.
Expresan consciencia de
que unificar la oposición social y política es una tarea muy difícil, y más aún
la de competir con una corporación político-empresarial que no guarda el menor
escrúpulo en el abuso de todos los poderes del Estado, como quedó documentado
en las últimas elecciones presidenciales.
Las líneas fundamentales
Una decena de grupos
sociales ya tienen bajo consideración unos “lineamientos básicos para un
gobierno de transición democrática que siente las bases de un nuevo modelo de
desarrollo económico y social”, con 12 prioridades políticas e institucionales
y 7 económicas y sociales. Persiguen restablecer las prácticas democráticas,
promoviendo la separación de los poderes del Estado, la independencia de la
justicia y de los mecanismos de control y fiscalización, y declarando “guerra
total a la corrupción y la impunidad”.
El proyecto plantea respuestas
a las principales preocupaciones de la sociedad reflejadas en las encuestas,
desde la corrupción y la impunidad, a la inseguridad ciudadana, el desempleo,
el control de la inmigración y el colapso de los servicios de salud, de la
seguridad social y del transporte, entre otros. Recoge la demanda de un nuevo
modelo de desarrollo económico-social, que revierta el deterioro de la
fiscalidad y el desbordamiento del endeudamiento, reivindicando los pactos
fiscal y eléctrico dispuestos por la Ley de Estrategia de Desarrollo para
promover la producción, la productividad y las exportaciones.
En la concertación de
los lineamientos han participado personalidades de los ámbitos empresariales,
religiosos, profesionales y comunitarios, economistas, politólogos, sociólogos
y comunicadores que de alguna forma se movían en grupos ciudadanos, con la meta
de salir a la luz pública a más tardar en octubre.
Imposible competencia
Los concertadores
sociales reconocen lo difícil que es en el país montar un frente electoral
amplio, por la enorme diversidad de la oposición, porque todos los dirigentes
creen que sólo pueden ser candidatos presidenciales, por el predominio de los
intereses individuales sobre los nacionales y hasta por la capacidad demostrada
de los peledeístas y su inmenso ejército de comunicadores para intrigar y
mantener separados a sus opositores utilizando el poder estatal, financiero y
de los organismos electorales.
Aparte de los
compromisos programáticos, se basan en que no hay posibilidad de competencia
democrática, por el abuso del poder estatal en las campañas electorales, lo que
en el 2016 fue reconocido tarde por los candidatos presidenciales opositores
cuando a dos semanas de la votación acudieron a la Junta Central Electoral para
formular reclamos, y ni siquiera lograron ser recibidos por el dirigente del
PLD que presidía ese organismo.
Los informes del
movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) documentaron cómo el gobierno en
pleno, más de 30 altos funcionarios, se lanzó por todo el país, a promover las
candidaturas del PLD, que acaparaban tres cuartas partes de la publicidad
y duplicando el gasto publicitario del
Estado, con decenas de miles de empleos temporeros de activistas políticos y la
manipulación de los programas sociales. El presidente Medina “puso en marcha”
la extensión de la segunda línea del metro, que apenas empezó a operar dos años
después. La inversión y el gasto del gobierno se concentraba en provincias y
municipios donde las encuestas daban más posibilidad a la oposición.
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