Mario Holguín Álvarez
La
Ley 63-17 promulgada el 21 de febrero del año pasado, no trajo nada nuevo al
pueblo dominicano en materia de seguros y fianzas tras producirse un incidente
de tránsito con víctimas y daños materiales, sino que acogió lo contemplado en
la antigua ley 241-67-. Así lo afirmó el Dr. Pablo Arredondo Germán en
conferencia dictada en un hotel de la capital dominicana.
“Salvo el monto de la multa por la no tenencia
del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito del vehículo que circula
en la red vial dominicana y consecuentemente algunas prerrogativas como castigo
para obligar al pago de la contravención”, añadió.
La
reflexión la hizo al tratar como tema: Seguros y Fianzas en la Movilidad.
Nuevas Alternativas, donde señaló que la novedad se circunscribe en el aspecto
fiscal al referirse que ahora se consigna un monto equivalente al salario
mínimo oficial, o sea, RD$5,117.50 y de no cumplir su pago en un determinado
plazo puede ser afectado de múltiples maneras, tales como cargo por mora y
restricciones de ciertos servicios públicos.
El
Dr. Arredondo enfatizó que este seguro de responsabilidad civil no protege a
las víctimas, de manera que se caracteriza fundamentalmente por ser excluyente
al no responder a afectados parientes por sanguinidad o afinidad del asegurado.
Asimismo
agregó, que para viabilizar la indemnización en los tribunales se está sujeto a
un largo y tortuoso proceso judicial que por demás incide en el normal
desenvolvimiento y en lo económico y psicológico de los afectados.
Esta
situación debe reconsiderarse, según Arredondo Germán, puesto que la sociedad
demanda políticas públicas de carácter social, y sobre todo en un país donde
los incidentes de tránsito están a la orden del día reportándose una
estadística trágica de heridos y fallecidos en ruta.
Existen
instrumentos en materia de seguro de tránsito más consecuente con nuestra
realidad. Precisó además, que es necesario tomar en cuenta a todos los usuarios
de las vías involucrados en violencia vial por lo que debe ser obligación del
Estado asistirlos y protegerlos. Considerando que los más de 10 millones de
habitantes en nuestro territorio al que tenemos que sumarles los millones de
itinerantes al año, son conductores, peatones o pasajero.
Estas
declaraciones se produjeron en el marco de la Segunda Mesa de Reflexión sobre
Seguridad Vial que organiza FundaReD mensualmente.
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