Por: Bienvenido Núñez Mirabal - elcolosodemacoris.com
La pregunta fundamental para las autoridades
encargadas de las políticas que intentan emplear a más personas es: ¿cómo uso
los limitados recursos públicos?
¿Los asigno a programas activos del mercado
laboral, o los utilizo para promover la creación de nuevas empresas o la
expansión de otras ya existentes?
Con mi colega Mohamed Marouani —economista y
profesor asociado de la Sorbona— hemos utilizado modelos de equilibrio general
para calcular cuántos empleos se podrían crear en distintos sectores de la
economía de varios países con una inversión de USD 10 millones.
Evidentemente, la respuesta dependerá de la
naturaleza del problema. En una economía dinámica que está creando suficientes
empleos y donde la cuestión es simplemente reducir el desempleo friccional
ayudando a quienes buscan empleo a contactarse con fuentes de trabajo, un
Gobierno podría contentarse con respaldar programas activos del mercado laboral
más baratos y bien diseñados. Pero cuando el problema es estructural, es decir,
cuando no existen suficientes empleos —al menos, no suficientes empleos de
calidad—, el Gobierno tal vez no tenga otra alternativa que estimular las
inversiones y la creación de empleo. Por lo general, ello implicaría impulsar
la demanda agregada o las inversiones orientadas a sectores específicos.
En consecuencia, tal vez el indicador
adecuado para evaluar las políticas sobre creación de empleo no sea el costo
por puesto de trabajo, sino la tasa de rentabilidad social asociada a la
intervención.
Crear más y mejores empleos es un aspecto
fundamental de nuestra labor en el Banco Mundial, y una meta común de
prácticamente todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo. Sin
embargo, a veces el debate sobre políticas se enfoca en el costo y la eficacia
de los programas y proyectos para la creación de puestos de trabajo.
A modo de ejemplo, recientemente me encontré
en medio de una discusión sobre un proyecto de desarrollo cuyo objetivo era la
creación de empleo: uno de los examinadores objetó el proyecto debido a que el
costo de cada empleo creado era demasiado alto. “Más de USD 20 000 por puesto
de trabajo”, señaló, comparando dicho costo con cifras mucho más bajas (entre
USD 500 y USD 3000), generalmente asociadas con programas activos del mercado
laboral, como capacitación, asistencia en la búsqueda de empleo, subsidios
salariales u obras públicas.
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