Las empresas colombianas financiaron el 80% del costo de las autopistas y, a cambio, el Gobierno dominicano les cedió el derecho a cobrar el 100% de los peajes por 30 años. /RAÚL ASENCIO
Ashley Ann Presinal – Listín Diario
Santo Domingo, LD.- Aún restan 17 años para que el Estado dominicano termine de pagar por uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno en toda su historia: el “peaje sombra” de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná.
La ambiciosa obra prometía “grandes avances”
para el pueblo dominicano a través del impulso de la zona turística del
Nordeste, sin embargo, el precio para lograrlo ha sido mucho mayor del que se
estimaba.
La concesión vial Autopistas del Nordeste y
Bulevar Turístico del Atlántico, a manos de las empresas de capital colombiano
Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A., le ha costado al país
altas cifras millonarias por vehículos que ni siquiera transitan por los
peajes.
El pasado 27 de febrero, en su primera
rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República
Luis Abinader se refirió por primera vez contra el “peaje sombra” como algo “infame”,
que representa un gran peso económico para el país, y prometió acudir a las
vías legales para “buscarle solución”.
De acuerdo con el mandatario, desde hace 13
años el país ha desembolsado la suma de RD$26,835 millones como parte de los
ingresos mínimos que debe garantizarle a la concesionaria.
Para este 2021, la Ley 237-20 de Presupuesto
General del Estado tiene asignada por concepto del “peaje sombra” la suma de RD$4,930.9 millones, pero Abinader
afirmó que para el año en curso al país se le está exigiendo el pago de
RD$7,000 millones por este concepto.
El meollo del asunto radica en que el costo
total para la construcción, operación y mantenimiento de ambas autopistas fue
de aproximadamente US$305 millones lo que equivale a RD$17,674 millones, no obstante, el Gobierno
dominicano ha pagado casi el doble de su verdadero valor y al país todavía le
espera “peaje sombra” hasta el año 2038.
“De seguir esta modalidad, al concluir,
habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente
inaceptable”, aseveró el presidente ante el Congreso Nacional.
Tras esa queja pública, el siguiente paso que
dio el Gobierno fue contratar el pasado 2 de febrero al abogado Emmanuel Esquea
Guerrero, con el fin de que analice el contrato de concesión y rinda un informe
jurídico al presidente Abinader, para que este tome la decisión final.
Al ser contactado por LISTÍN DIARIO, Guerrero
señaló que al momento de recibir el poder de la Presidencia de la República
para estudiar el caso del “peaje sombra”, sólo conocía lo que se había
publicado en la prensa.
Mientras Antoliano Peralta, consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, señaló en el Programa Matinal, de Telemicro,
canal 5, que el gobierno presidido por Abinader “siempre trata de buscar una
salida consensuada, negociada, que no perjudique al Estado y solo si no es
posible, entonces vamos al arbitraje o al conflicto judicial”.
¿Por qué “peaje sombra”?
El proyecto que pactó la construcción y
administración de las autopistas es una concesión vial, herramienta por medio
de la que el Estado otorga a una empresa privada mediante licitación un
contrato para construir, explotar y conservar un tramo transitable por un
período, y a cambio la administración pública se compromete a pagar con los
peajes recaudados en la obra.
En el caso de la Autopista del Nordeste y el
Boulevard Turístico del Atlántico, las empresas colombianas se comprometieron a
financiar de forma directa el 80% del costo total de la obra asegurando su
construcción, mantenimiento y operación, siempre y cuando el Gobierno
dominicano les cediera el derecho a recaudar el 100% de los peajes en ambos
trayectos por un período ininterrumpido de 30 años.
Pero aunque todo prometía estabilidad y un
vasto desarrollo para el país, las “letras pequeñas” del contrato contienen una
cláusula que obliga al Gobierno a pagar un “mínimo garantizado” a la
concesionaria para “proteger la inversión”.
El llamado “peaje sombra” se origina en vista del déficit existente en
el flujo de vehículos que circulan por carretera, por tanto al Gobierno le toca
pagar miles de millones de pesos como la diferencia pautada para cumplir con el
contrato.
En los montos devengados anualmente por
concepto de este peaje “fantasma” no se incluyen los millones que recaudan
estas empresas de forma directa en los distintos peajes de Marbella, Naranjal,
Guaraguao y Catey, cuyos precios ascienden a RD$2,170 si se trata de un viaje
ida y vuelta en un vehículo categoría I.
Si por el contrario, se trata de un viaje ida
y vuelta de un vehículo pesado, categoría IV, entonces el monto a pagar escala
a RD$8,114. Pero además de tener el control absoluto de todo lo que atraviesa
los peajes, Autopista del Nordeste, S.A. y Boulevard Turístico S.A. también
tienen asegurado como “aporte adicional” el pago de Impuesto a la Transferencia
de Bienes y Servicios, mejor conocido como ITBIS.
Esta última parte está definida en el acuerdo
número seis del contrato en el que se manifiesta que “a la fecha de
presentación de la oferta en noviembre de 1999 no estaba vigente la
normatividad actual respecto al ITBIS, en el evento en el que al concesionario
se le exija aplicar el ITBIS vigente a partir del mes de enero de 2001, el
concedente, o sea el Estado, se obliga a asumir la diferencia como aporte
adicional”.
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