RAFAEL PERALTA ROMERO
El Partido de la Liberación
Dominicana anda embriagado de poder. Eso
ha precipitado al secretario general, Reinaldo Pared Pérez, a disparar saetas
envenenadas contra la Junta Central Electoral por haber anunciado un cambio en
el número de diputados a escoger en algunas provincias por la variación
poblacional en las mismas.
Desde que se fundó la República, el número de representantes en la Cámara de
Diputados se ha determinado por la cantidad de habitantes de cada provincia,
aunque se concede un mínimo de dos para aquellas demarcaciones cuya densidad poblacional
no alcanza para ostentar esa cifra de representantes.
Para elegir los 178 diputados provinciales,
la JCE tomó en cuenta las informaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas,
la cual estableció que la población dominicana es de 9,445,281 habitantes. Se
usó un denominador de 53,063 habitantes, resultado de dividir los 9,4 millones de
personas entre las 178 curules.
Los cambios: provincia María
Trinidad Sánchez, de tres diputados en 2010, pasó a tener dos; Monte Plata y Barahona
de cuatro bajan a tres; Espaillat y San Juan, de cinco diputados, pasan a
cuatro; Duarte y San Pedro de Macorís, de seis escaños quedan en cinco; La
Vega, de ocho pasa a siete y San Cristóbal, de 11 escaños baja a 10.
Si unas provincias han perdido
diputados, otras lo han ganado. Las
beneficiadas son La Altagracia que de cuatro diputados subió a cinco y
la provincia Santo Domingo que de 36 escaños pasa a tener 44. Las migraciones
internas son un fenómeno social nada nuevo. El crecimiento de La Altagracia
está a la vista de todos.
El grito del senador Pared Pérez (Distrito Nacional) arrastró a
otros miembros del partido de gobierno. Los senadores Dionis Sánchez
(Pedernales) y Rubén Cruz (Hato Mayor) también se pronunciaron en pro de
desconocer la aplicación del precepto constitucional. Hablaron de buscar “una
salida consensuada”. Es decir, un arreglo para violar la Constitución.
En su agitada retórica, Pared
juzgó “inconcebible” el anuncio de la JCE, llamó “destape” a esa acción y
calificó como “palo asechao” el hecho de
que se aplique la redistribución de unos diputados para las elecciones de 2016.
Y a modo de “sacaliño” preguntó a la Junta si es que la "presión" de
los partidos solo es buena para su conformación o integración.
Muy preocupante resulta que quienes conocen la Ley –incluso
hacen leyes- encabecen movimientos en contra de la aplicación de la
norma que ellos mismos han creado. La disputa resulta peligrosa e inútil. La
matrícula de la Cámara no varía, y como lo que es igual no es ventaja, nadie
sabe de qué lado quedarán los diputados disputados.
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