El Cañero

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22 de mayo de 2021

Aplazan audiencia contra Frank Rainieri y GRUPO PUNTA CANA.

 La nueva cita será el próximo 8 de julio, a las 9:00 de la mañana, en la Cámara Penal del Distrito Judicial.

Ramón Chávez

Higüey.- El Tercer Juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de la provincia La Altagracia aplazó este jueves la audiencia en contra del presidente de Grupo Punta Cana, Frank Rafael Rainieri Marranzini; interpuesta por Josué Cabral Rodríguez, propietario de los terrenos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) quien solicita el pago de más 150 millones de dólares o la entrega de otro inmueble, como acordaron ambas partes en el pasado.

El aplazamiento con fecha del próximo 8 de julio, de la primera audiencia fue conocido en la sala de audiencias A.007 de la Cámara Penal del Distrito Judicial La Altagracia en contra de la Corporación Aeroportuaria Del Este S.A.S y la empresa GRUPO PUNTA CANA S.A.S. a los fines de que Rainieri Marranzini se presenté al tribunal y que las partes tomen conocimiento de las piezas probatorias que harán valer el proceso.

Miguel Surum Hernández, abogado de Cabral Rodríguez externó que: "Solo queremos que la parte acusada vaya a la cárcel y pague el fraude”. Reiteramos la necesidad de que en este caso se haga justicia.

Han pasado más de 15 años desde que nuestro cliente, el señor Josué Cabral entregó un inmueble valorado en más de 150 millones dólares el cual está siendo utilizado en estos momentos por el Aeropuerto de Punta Cana”.

“No hay forma posible de que Frank Rainieri ni el Aeropuerto de Punta Cana cumplan su compromiso de entregar el título del inmueble del que se comprometieron como pago para ese valioso inmueble que han recibido.

Reiteramos que este proceso va a llegar hasta las últimas consecuencias y la necesidad de que las autoridades de aquí investiguen las razones por las que se negó la investigación contra Frank Rainieri”, advirtió el abogado de la defensa.

El jurista resaltó que el caso de Cabral es un espejo de las decenas de casos, de dominicanos que supuestamente han sido pisoteados por el GRUPO PUNTA CANA y Frank Rainieri, “a base de dinero y de algunas autoridades del Ministerio Público que en componenda con dicha persona, archivan procesos y accionan contra los infelices, mientras los ricos (como el señor Rainieri) hacen y deshacen”.

El proceso judicial depositado como querellamiento por estafa por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Altagracia;  Copia del Acuerdo Transaccionan de Permuta de fecha Diecisiete (17) del mes de marzo del año 2006 firmado por Josué Cabral Rodríguez, Reyna Cedeño y Frank R. Rainieri Marranzini.

Sobre las implicaciones desde 2006 indicó que: “Es una estafa agravada con pena de dos a cinco años, porque el dinero que se obtuvo a través de ese crimen se ha lavado en las distintas operaciones del Aeropuerto de Punta Cana y eso es lavado de activos, ley 155-17 que castiga el lavado de activos y de dineros provenientes de actividades ilícitas, narcotráfico y terrorismo”.

El penalista detalló que, “Como estafa agravada PUNTA CANA logró que, el señor Josué Cabral le entregará un inmueble por 150 millones de dólares, ese grupo se comprometió en entregar otro inmueble debidamente amparado por un certificado de título, el cual nunca ha hecho a pesar de transcurrir 15 años”.

De su lado, sobre la decisión del tribunal, Josué Cabral Rodríguez admitió que: “Esperamos la fluidez de la justicia, aquí solo estamos reclamando derecho legalmente fundamento en documentaciones, legalmente registradas en la Propiedad Inmobiliaria.

Cuando esos derechos son violados, el artículo 51 de la Constitución me da todo el apoyo y agrega la ley 108-5 sobre registros inmobiliarios. Aquí en La Altagracia todos me conocen desde que nací y que no le he hecho un mal, gracias a Dios, a nadie y pago debidamente mis impuestos, pueden registrar y ver qué tal he sido en mis impuestos legales”.

Concerniente al debido proceso y el aplazamiento de la primera audiencia, Surum explicó que es lógico y normal que ambas partes se comuniquen sobre los documentos aportados, lo habitual es que en la primera audiencia los procesos sean aplazados.

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