El Ministerio Público ha asegurado que posee pruebas contundentes para lograr condenas en casos de corrupción del pasado gobierno.
Ramón Cruz Benzán
ramon.benzan@listindiario.com
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución del Ministerio Público han realizado cerca de 23,000 diligencias de investigación en casos de presunta corrupción desde septiembre del 2020 a la fecha.
Algunas de las diligencias de los órganos de
persecución del Ministerio Público que dirigen los procuradores adjuntos Wilson
Camacho y Yeni Berenice Reynoso han sido solicitadas a los juzgados de Atención
Permanente, las oficinas coordinadoras de los juzgados de la Instrucción y
jueces de instrucción especiales de la Suprema Corte de Justicia.
Entre esas diligencias que se han depositado
en esos tribunales se encuentran órdenes de arresto contra personas que son
investigadas, para allanamientos e intervenciones telefónicas, entre otras
solicitudes realizadas por la procuradora general de la República, Miriam
German Brito.
Las diligencias solicitadas por el Ministerio
Público en el marco de las investigaciones han sido dirigidas a la Cámara de Cuentas,
Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Cámara de Comercio y
Producción, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud Pública y compañías
telefónicas, entre otras instituciones privadas y del Estado.
Pulpo y Coral
Las diligencias abarcan los casos de
entramados de corrupción Pulpo y Coral, de los cuales se encuentran apoderados
dos juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, que fungen como jueces de
control para las diligencias procesales.
Por el caso Pulpo, guardan prisión Juan Alexis
Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher
Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana
Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, mientras que se encuentran en arresto
domiciliario Malagys Medina Sánchez, Freddy Hidalgo y Rafael Germosén.
Por el caso Coral guardan prisión el mayor
general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete
Guzmán, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor de la Armada
Alejandro José Montero Cruz, en tanto con arresto domiciliario se encuentra el
mayor Alejandro Girón Jiménez.
Esas diligencias abarcan también a
exfuncionarios de la pasada gestión que han tenido que desfilar por la
Procuraduría General de la República, para ser investigados por indicios de
supuesta corrupción administrativa o irregularidades en sus declaraciones
juradas de bienes.
Las diligencias realizadas por los fiscales
del órgano persecutor apuntan hacia el exadministrador del Banreservas, Simón
Lizardo Mézquita, y el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien estuvo en
el cargo durante los cuatro años del segundo mandato del expresidente Danilo
Medina.
También el exministro de Educación y miembro
del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Amarante
Baret, y el exdirector de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte
(OPRET), Diandino Peña, investigado por supuestas irregularidades durante su
gestión al frente de esa entidad.
Igualmente, la exdirectora del Plan de
Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba y la exdirectora de Compras y
Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán.
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