SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP), solicitó descontinuar el conocimiento
del Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y de Uso de Suelo, aprobado en
primera lectura, y abrir un proceso de consulta previo a la aprobación del
mismo, reiterando su disposición de mantener un diálogo sobre esta importante
pieza legislativa, así como su soporte en aras de realizar las labores de
investigación y estudio económico, de tratados aplicables y legislación
comparada.
En una comunicación dirigida a la Cámara de Diputados,
el sector empresarial representado por el CONEP, expresó su preocupación en
torno a esta pieza, la cual entienden contiene ciertos articulados que resultarían
confusos en cuanto su aplicación, y en principio, violatorios a la
Constitución, además carentes de concordancia con acuerdos y tratados
internacionales que rigen la materia de cambio climático, uso de suelo, en
especial suelo marino.
La principal organización empresarial del país indicó
que es evidente que el proyecto legislativo carece de la observancia de
preceptos constitucionales, internacionales y legislativos y por demás de base
para su aplicación, en adición, entienden necesario un estudio del impacto
económico al establecer como fuente de financiación el 1% de la recaudación del
Impuesto de la Propiedad Inmobiliaria (IPI) y la facilidad y posibilidad de la
creación de más provincias, lo que repercutiría en un gasto administrativo
mayor en el presupuesto nacional.
Entienden prioritario que se garantice la aprobación
de un pieza que pueda ser aplicable al rol del Ministerio de Economía
Planificación y Desarrollo (MEPyD), pero más aún el de los distintos
ministerios que rigen y regulan el proceder del desarrollo económico y de
asentamiento poblacional sin afectar el desarrollo sostenible, el uso y
usufructo del derecho de propiedad y la garantía del respeto de los derechos
adquiridos.
Señalaron importante ante todo prever lo establecido
en los tratados y acuerdos en virtud de la naturaleza internacional tanto
públicos como privados del ámbito ambiental, cambio climático y marítimo, en
los que la República Dominicana ha sido signataria, como es el caso de SOLAS,
MARPOL, BASILEA, El Protocolo KYOTO sobre el cambio Climático, FALT-65, cuyo
estudio detallado dentro del marco de redacción y futura aplicación de esta ley
se hace necesaria, más aún, cuando hablamos del uso del suelo marino,
incluyendo en esto la minería marina, las instalaciones portuarias turísticas,
portuarias mercantes, marinas turísticas y de recreación, a los fines de
certificación y de operación comercial y aceptación en los mercados
internacionales que rigen la materia deben de cumplir acuerdos internacionales
o normas establecidas por la Organización Marítima Mundial (OMI). www.
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