Clarin Opinión
RICARDO KIRSCHBAUMD el editor
La nueva Ley Ómnibus debiera llegar a Diputados con un consenso sólido.
El rechazo al
DNU ha sido un estridente timbre de alarma para el Gobierno.
El presidente Javier Milei y el senador y
dirigente del radicalismo Martín Lousteau.
Primer dato: el
DNU de Milei está vigente. El rechazo del Senado ha conmocionado a un
oficialismo inexperto y puede haber provocado daños colaterales entre las
fuerzas que votaron a favor y, esto es sorprendente, entre los que votaron en
contra del polémico decreto.
Segundo dato:
Diputados no tratará el DNU, salvo que Martín Menem cometa un error garrafal y
convoque a una sesión para debatirlo. Tercer dato: ni unos ni otros están
seguros del número de votos con los que cuentan.
¿Por qué
Villarruel tuvo que hacerlo y Menem puede hacerse el distraído? Sencillamente
porque los reglamentos de ambas Cámaras son distintos. De modo que el rechazo
del Senado quedará cajoneado en Diputados, a pesar de la presión que se ejerza
en contrario.
Se habló, se
habla y se hablará mucho de las fricciones entre Milei y Villarruel, a las que
se las niega con el mismo énfasis, utilizando además el viejo truco de culpar a
otros de problemas propios, competencia de liderazgos y ambiciones emboscadas.
Nada nuevo en la vieja y nueva política.
La vice había
estirado hasta el límite los plazos para tratar el DNU, pieza clave del
Gobierno, ya que los sondeos entre los senadores anticipaban lo que pasó. La
votación revela, además, a trazos gruesos, que el arte de la negociación
política del Gobierno sigue haciendo los primeros, dificultosos, palotes.
Hubo cuatro
abstenciones. Martín Lousteau, de la UCR, votó en contra.
Ahora hay que
poner la atención en el próximo paso que es el envío de una nueva Ley Ómnibus,
que reemplazará a aquella que retiró el Gobierno, su primera y sonora derrota
legislativa.
La nueva
iniciativa, para no correr esos peligros, debiera llegar a Diputados con un
consenso sólido. Un acuerdo apoyado en una mayoría construida garantizaría su
aprobación y sería un mensaje muy importante para los senadores: la ley llega
apoyada por los gobernadores. Una estrategia elemental que sin embargo se
convierte en una incógnita por la notoria descoordinación política del
Gobierno. Una descoordinación que a veces, demasiadas, el oficialismo quiere
hacer pasar por acción premeditada pero es pura chapucería.
Los negociadores oficialistas casi invariablemente actúan como si sobre sus cabezas pendiera una espada. Los compromisos obtenidos siempre quedan ad referéndum de Milei, Karina Milei y Caputo, el joven, que muchas veces opinan en contrario de lo que sus adelantados están conversando. Uno de los problemas concretos que se nota, y mucho, es que Milei oscila entre su necesidad política de acordar y su representación simbólica de un personaje que siempre va para adelante al costo que fuere. La (falsa) creencia de que negociar es ceder ante “lo viejo” esteriliza cualquier intento de aproximación. De allí que la reiteración de la antinomias como método de acumulación política, un recurso populista similar al que esta administración dice rechazar, conspira contra su propio interés.
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