Yanessi Espinal | El Caribe
Credibilidad de la JCE es problema de nunca acabar y los partidos, líderes políticos, y entidades sociales definen perfiles para mejorar.
Partidos, líderes y entidades sociales buscan perfiles que puedan
generar credibilidad al desacreditado órgano
La Comisión Especial del Senado avanza en el proceso de selección de los
nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE). La nueva administración
del órgano electoral y del registro civil para el cuatrienio 2020-2024 tendrá
importantes retos. El primero es el mismo de siempre, la credibilidad y
confianza de la población en el organismo electoral, que en esta ocasión se vio
profundamente afectada por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero
por un fallo en el sistema del voto automatizado que implementó la JCE.
Los nuevos responsables del órgano también tienen el desafío de aplicar
con mayor alcance los mecanismos legales que otorga la Ley de Partidos y
Electoral, especialmente evitar el uso de los recursos del Estado en las
campañas electorales y la inequidad en la competencia. En materia electoral, es
necesario buscar soluciones a temas pendientes como el conteo de los votos y la
transmisión sin traumas, la composición de juntas electorales con miembros más
eficientes, pues fungen como tribunales de primera instancia en materia
electoral. La JCE también debe tomar un papel más activo en la promoción de los
debates electorales sugeridos en la Ley 15/19.
En cuanto al registro civil, las nuevas autoridades tendrán que revisar
la eficiencia y modernización del proceso. A continuación los retos de la JCE
para el cuatrienio 2020-2024.
1 Ganar confianza y credibilidad. La JCE llegó a las elecciones
municipales con la credibilidad mermada por lo traumática que resultaron las
primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la
inobservancia de los miembros de la JCE en aspectos neurálgicos para generar
credibilidad como negarse a practicar las auditorías requeridas al sistema de
votación, iniciar la transmisión de los resultados con las filas repletas de
votantes y permitir que se votara hasta altas horas de la madrugada. Esos
hechos y el comportamiento posterior de los miembros de la JCE, dieron fuerza a
las denuncias de fraude que hizo el expresidente Leonel Fernández. El informe
de la OEA sobre el fallo del voto automatizado señaló que se debió a una mala
gestión del órgano electoral.
Adicionalmente, la JCE fue criticada por no accionar ante los delitos
electorales durante la campaña presidencial como la compra de cédulas y la
permanencia en los cargos de candidatos como la candidata vicepresidencial del
PLD, Margarita Cedeño, quien desempeñaba las funciones de coordinadora del
gabinete de política social del pasado gobierno. La funcionaria renunció tres
semanas antes de las elecciones. En su informe final de observación, la OEA fue
crítica con la JCE “por la falta de acción” ante los delitos electorales. El
artículo 69 de la Ley La Ley 15/19 establece que los funcionarios que son
candidatos están suspendidos “ipso facto” desde la inscripción de la
candidatura.
Para ganar confianza y credibilidad, los nuevos integrantes del órgano
tendrán que superar la vieja práctica de los partidos y candidatos que no
resultan favorecidos con el voto de culpar al órgano electoral de sus derrotas.
En el proceso de selección, los partidos y sus líderes, así como entidades
sociales, han definido perfiles que puedan llevar al órgano al salto
cualitativo de la confianza y credibilidad que necesita.
2 Propiciar la equidad. Las pasadas elecciones se hicieron bajo un nuevo
sistema legal por la entrada en vigencia de la Ley de Partidos 33/18 y la ley
del Régimen Electoral 15/19, que facilitan una serie de medidas para generar
mayor equidad en la competencia electoral y evitar el uso de los recursos del
Estado, sin embargo, nada de eso ocurrió en el pasado proceso que fue
calificado como uno de los más inequitativos y fue criticado en los informes de
observación electoral de Participación Ciudadana y la Organización de Estados
Americanos (OEA). Participación Ciudadana sostuvo que en el pasado proceso
electoral la JCE no ejerció el poder que le otorgan esas legislaciones y la
Constitución y que “perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera
contención del desbordado abuso del poder”. El informe de la OEA criticó la
falta de acción de la JCE por no aplicar las leyes electorales para prohibir
“la masiva distribución de dádivas” a la población con la excusa de la
pandemia, gastos que “más bien podrían catalogarse dentro de los
comportamientos expresamente prohibidos”.
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