La Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) se quejó
de lo que califica “represalias adoptadas por las autoridades” que cesan en
funciones este domingo, como respuesta a
sus denuncias presentadas ante la Procuraduría Especializada de Persecución a
la Corrupción Administrativa (PEPCA), por las irregularidades cometidas en la
aprobación precipitada de un nuevo aeropuerto en Punta Cana.
Un comunicado de la empresa operadora del Aeropuerto
Internacional Punta Cana (PUJ) revela que primero recibió una notificación de
la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 31 de julio, para que en
un plazo perentorio de cinco días le suministráramos los estados financieros
auditados de los dos últimos ejercicios fiscales.
Explica que es un requerimiento normal, “excepto por
la coincidencia con los reclamos de investigación ante el PEPCA, a muy pocos
días del cambio de gobierno y por el simple hecho de que el último ejercicio
fiscal de la CAE, como bien lo sabe la DGII, se cerró el 30 de junio pasado, y
de ahí la imposibilidad de que haya sido auditado ya”.
Asegura la CAE, que “no tiene deuda alguna por
concepto de impuestos” y asegura aparece en el listado selecto de los
principales contribuyentes del país; y nos “honra cumplir cabalmente con
nuestras obligaciones fiscales en la confianza de que así cooperamos con el
desarrollo dominicano”.
La otra acción de represalia, relata CAE, la
protagoniza la denunciada de la Comisión Aeroportuaria, “que se arrogó
facultades que escapan a su competencia para otorgar un “no objeción” al nuevo
aeropuerto, “ocultó documentación y aceptó como válido un informe elaborado por
un técnico que fue empleado de los promotores del aeropuerto”.
La Comisión presentó el pasado 10 de agosto un acto
de “cobro compulsivo de una alegada acreencia de US$38 millones del CAE”,
apoyándose en un “decreto derogado en el 2008” Lo hace a una semana del cambio
de gobierno y cuando sabe el director que probablemente será despedido en unas
pocas horas.
La Comisión alega una deuda con el Cuerpo
Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), usando como base de cálculo
montos contenidos en el Decreto 203-03, derogado por el Decreto 655-08 que
unificó tanto las tasas aeronáuticas como las tasas aeroportuarias.
“La CAE
observa escrupulosamente sus obligaciones económicas y legales sobre seguridad
aeroportuaria previstas en la Ley 188-11 sobre la materia, y garantiza que los
estándares del Aeropuerto Internacional de Punta Cana se adhieren a las mejores
prácticas internacionales y tecnología de punta, como lo atestiguan los
diversos premios que hemos recibido”, dice el comunicado, y adelanta que
presentará un recurso de reconsideración sobre ese cobro.
La CAE afirma que no “existe un conflicto
empresarial” ni rehúye a “la competencia
legítima, planteada ya por siete aeropuertos internacionales y uno a 32 millas
náuticas en La Romana”, pero le preocupa el componente institucional del
proceso y el Estado de Derecho; y asegura “que las represalias confirman” que
se trata de una decisión del Poder Ejecutivo para complacer a un grupo
empresarial y el Estado de derecho”.
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