El Cañero

Cañero_183-1 by Miguel Rone on Scribd

28 de agosto de 2020

Hasta el 15 de septiembre


ORLANDO DICE...

Orlando Gil – Listín Diario
gil@claro.net.do/@orlandogildice
Siempre he creído, y ahora con más veras, que la culpa de que los funcionarios no hagan su declaración jura­da de bienes la tiene el presi­dente que los nombra.
Si fuera un prerrequisito ninguno ob­viaría la obligación, pues sufriría las consecuencias antes de ser considera­do para un alto cargo.
Pero como no pasa de un enunciado, ni fastidia ni avergüenza. Ni siquiera se excusan ni piden tiempo, y como solo insiste la prensa, y ningún superior, la indiferencia pasa a cinismo.
Hubo tiempo, y siempre lo hay, para preparar una hoja de vida que tampoco se corresponde con los méritos acadé­micos que se atribuyen y acreditan.
Lo mismo puede decirse de los partidos que postulan senadores, diputados y alcaldes. Piden certificados de dopaje, de buena conducta, y hasta movimien­tos financieros, pero no cuenta de sus propiedades.
Tampoco declaran los senadores, dipu­tados y alcaldes, y contra ellos, autori­dades por sí mismos, no se puede pro­ceder. Lo menos que dirían es que se trata de persecución política.
El presidente Luis Abinader anunció que suspenderá con riesgo de cancela­ción a los funcionarios recién nombra­dos que al 15 de septiembre no hayan hecho su declaración.
De aplicarse la medida con la contun­dencia que la circunstancia demanda, sería la iniciativa más trascendental en el orden de la transparencia.
Será zafra y comida para abogados y notarios, pues se supone que no se aceptarán simples papeles, sino inven­tarios creíbles y, sobre todo, soportados con documentos fieles.
La ley y la trampa jugarán a las escon­didas, y esa será tarea de profesionales diestros en esos menesteres. Los cuales sabrán ocultar cuando sea conveniente y aparentar de ser posible.
El gato pelado no es gente.
El 15 de septiembre será una fecha im­portante para los fines de la moralidad pública, si se actúa conforme lo esta­blecido: Declaración en manos, confir­mación asegurada.
Los afectados no lo piensan así, pero es mejor gastarse ahora en un buen nota­rio, de confianza, que costear un abo­gado después para defenderse en un proceso en que se tendrá todas las de perder y ninguna de ganar.
Guerra avisada…dicen desde siempre.

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