El Cañero

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20 de marzo de 2019

La Corte Suprema confirma la autoridad del gobierno para detener y deportar a inmigrantes legales por delitos pasados


"Esto aplica a los no ciudadanos que estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia", explica un abogado de inmigración. En un fallo de 5 contra 4 en donde se impusieron los conservadores, el máximo tribunal revirtió la decisión de una corte inferior en San Francisco.
UNIVISION
EEUU.- La Corte Suprema decidió por mayoría este martes reforzar el poder del gobierno para detener a personas que enfrentan una posible deportación por tener antecedentes penales incluso si los delitos ocurrieron hace mucho tiempo, algo que apoya la postura del gobierno de Donald Trump.
El caso Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional v. Preap se enfocó en residentes legales no ciudadanos que cumplen una sentencia penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.
El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en Noticiero Digital de Univision que "si eres residente (y no ciudadano) y cometiste alguno de estos crímenes de torpeza moral puedes ser puesto en proceso de deportación, no es nuevo", pero "este fallo da otra herramienta a ICE para detener y deportar a personas que están legales en EEUU que cometen un crimen o que ya lo han cometido hace mucho tiempo que ahora llegue a manos de las autoridades por cualquier razón".
El fallo de 5 votos contra 4 señala que esas personas no tienen derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de una nueva liberación mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presiona su caso para conducirlo a la deportación.
"Esa es la base de esto, que si te detiene ICE no eres elegible para una fianza", explica Hernández. “Esto aplica a los no ciudadanos aunque estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una residencia".
Por otra parte, no está claro si la ley aplica una detención obligatoria si el Departamento de Seguridad Nacional no toma la custodia inmediatamente y la persona ya ha sido puesta en libertad. Muchas veces, los agentes federales no están disponibles para asumir la custodia de un inmigrante recién liberado por autoridades estatales o locales.
El gobierno de Trump dice que el problema es especialmente grave en las llamadas ciudades santuario, que no siempre cooperan con el pedido de mantener a un inmigrante en prisión hasta que lleguen los funcionarios federales. Según indicó el especialista en Corte Suprema de Bloomberg, Greg Stohr, la administración Trump heredó el caso de la administración Obama.
El demandante nombrado, Mony Preap, nació en un campo de refugiados después de que su familia huyó de Camboya. En 1981 arribó a EEUU y en 2006 fue condenado por posesión de marihuana en EEUU. Años después de su liberación, fue trasladado a detención por inmigración luego de una breve sentencia por una ofensa que no activa la detención obligatoria. Preap fue liberado de la custodia de inmigración, pero sigue siendo el principal demandante de otros casos con quejas similares.
Los abogados de Preap de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron que, según la interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían demostrarle a un juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga, serán confinadas a la detención igualmente.

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