"Esto aplica a los no ciudadanos que estén
legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo o con una
residencia", explica un abogado de inmigración. En un fallo de 5 contra 4
en donde se impusieron los conservadores, el máximo tribunal revirtió la
decisión de una corte inferior en San Francisco.
UNIVISION
EEUU.- La Corte Suprema decidió por mayoría este martes reforzar
el poder del gobierno para detener a personas que enfrentan una posible
deportación por tener antecedentes penales incluso si los delitos ocurrieron
hace mucho tiempo, algo que apoya la postura del gobierno de Donald Trump.
El caso Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional v.
Preap se enfocó en residentes legales no ciudadanos que cumplen una sentencia
penal, son liberados y luego arrestados por agentes de inmigración.
El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó en
Noticiero Digital de Univision que "si eres residente (y no ciudadano) y
cometiste alguno de estos crímenes de torpeza moral puedes ser puesto en
proceso de deportación, no es nuevo", pero "este fallo da otra
herramienta a ICE para detener y deportar a personas que están legales en EEUU
que cometen un crimen o que ya lo han cometido hace mucho tiempo que ahora
llegue a manos de las autoridades por cualquier razón".
El fallo de 5 votos contra 4 señala que esas personas no
tienen derecho a una audiencia de fianza y la posibilidad de una nueva
liberación mientras que el Departamento de Seguridad Nacional presiona su caso
para conducirlo a la deportación.
"Esa es la base de esto, que si te detiene ICE no
eres elegible para una fianza", explica Hernández. “Esto aplica a los no
ciudadanos aunque estén legalmente en este país, ya sea con una visa de trabajo
o con una residencia".
Por otra parte, no está claro si la ley aplica una
detención obligatoria si el Departamento de Seguridad Nacional no toma la
custodia inmediatamente y la persona ya ha sido puesta en libertad. Muchas
veces, los agentes federales no están disponibles para asumir la custodia de un
inmigrante recién liberado por autoridades estatales o locales.
El gobierno de Trump dice que el problema es
especialmente grave en las llamadas ciudades santuario, que no siempre cooperan
con el pedido de mantener a un inmigrante en prisión hasta que lleguen los
funcionarios federales. Según indicó el especialista en Corte Suprema de
Bloomberg, Greg Stohr, la administración Trump heredó el caso de la
administración Obama.
El demandante nombrado, Mony Preap, nació en un campo de
refugiados después de que su familia huyó de Camboya. En 1981 arribó a EEUU y
en 2006 fue condenado por posesión de marihuana en EEUU. Años después de su
liberación, fue trasladado a detención por inmigración luego de una breve
sentencia por una ofensa que no activa la detención obligatoria. Preap fue
liberado de la custodia de inmigración, pero sigue siendo el principal
demandante de otros casos con quejas similares.
Los abogados de Preap de la Unión Americana de Libertades
Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) argumentaron que, según la
interpretación de la ley por parte del gobierno, aquellas personas que podrían
demostrarle a un juez de inmigración que no representan un riesgo de fuga,
serán confinadas a la detención igualmente.
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