Kleiner López | El Caribe
La vacuna llegada de la India comenzó a
aplicarse desde el pasado martes.
Desde que República Dominicana confirmó el
primer caso de COVID-19, el primero de marzo de 2020, la contención de la
propagación del virus, de las muertes, del desempleo, de la falta de ingresos y
la baja productividad, ha sido la estrategia utilizada por las autoridades para
sortear la crisis sanitaria más relevante de las últimas décadas.
A casi doce meses de una lucha sin descanso
con un enemigo que arrancó la vida a 3,007 dominicanos, provocó 232,780
contagios y mantiene presionado el sistema de salud, ocupando las camas de la
red hospitalaria por encima del 28 % y dejando las unidades de cuidados
intensivos (UCI) con disponibilidad siempre al límite porque con frecuencia
están ocupadas en más de un 42 %.
Ha sido una batalla con pérdidas, pero
también con victorias. Los casos recuperados que registra el sistema ascienden
a 181,402 y las muestras procesadas a la fecha es de 1,159,480, con un total de
926,701 descartadas, lo que evidencia la profesionalidad del personal médico
dominicano y la valentía de la población para enfrentar el virus SARS-CoV-2,
causante de la enfermedad COVID-19.
El triunfo más reciente es la llegada de 20
mil dosis de la vacuna Covishield y la inmediata vacunación de 182 trabajadores
de la salud que luchan contra el coronavirus en el Hospital de la Fuerza Aérea
Dominicana Ramón de Lara.
Justamente, en ese lugar comenzó todo. El 1
de marzo de 2020 fue ingresado en el hospital militar el primer paciente de
coronavirus en República Dominicana. El ciudadano italiano Claudio Pascuali, de
62 años, quien habría llegado al país nueve días antes, según datos de la
Organización Panamericana de la Salud, estuvo hospitalizado 54 días.
Como resultado de la expansión del agente
infeccioso dentro del país, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas
para evitar la propagación del virus. Entre el 17 y el 21 de marzo de 2020, la
cotidianidad de los ciudadanos dio un giro de 360 grados, al verse sometidos a
un confinamiento y distanciamiento social nunca antes vivido en el país.
Se suspendió la docencia en todos los centros
escolares y universitarios; la realización de eventos y concentraciones
culturales, artísticas, deportivas y proselitistas; toda actividad comercial no
esencial y se prohibió la circulación de autobuses y minibuses interurbanos,
los autobuses de la OMSA, el metro y el teleférico. Además, se cerraron las
fronteras del país por tierra, mar y aire. El uso de mascarillas faciales en
espacios públicos y lugares de trabajo se volvió en obligatorio a partir del 16
de abril de 2020.
Desafortunadamente, las medidas no lograron
frenar la eficacia de un virus que al cuarto mes había sobrepasado los 39 mil
infectados y las 800 muertes y que, por si fuera poco, planteaba nuevos
desafíos en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, San Francisco
de Macorís y Puerto Plata, donde hubo que realizar intervenciones sanitarias
para controlar y mitigar los efectos del contagio comunitario.
La carrera contra la expansión de la
enfermedad se corría paralelamente con otra cuyos efectos económicos y sociales
no tardarían en llegar. El impacto que la pandemia iba provocando en miles de
personas que perdían su trabajo o sus ingresos vislumbraba su contundencia.
El estudio “COVID-19. Bajo la Lupa. Efectos
en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo”, que publicó
el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en septiembre de 2020,
plantea que las medidas de aislamiento, el distanciamiento social, la
limitación de la libertad de tránsito y el cierre de las actividades económicas
no esenciales impactaron de forma decisiva la situación laboral de miles de
dominicanos.
“Durante la crisis provocada por la COVID-19,
el número de trabajadores activos en las nóminas reportadas por las empresas
empleadoras a la Tesorería de la Seguridad Social muestra una caída neta de
240,361 trabajadores en el período comprendido entre abril y octubre 2020, de
los cuales 18,885 se perdieron en el sector público y 221,476 en el privado”,
precisa la investigación.
De acuerdo con el estudio, el año pasado no
solo aumentó la pobreza monetaria, sino que se produjo un derrumbe de ingresos
en la escalera social.
“Aún en septiembre, tres de cada 10 hogares
entrevistados por la encuesta de hogares Red Actúa, levantada por SIUBEN,
habían reducido las porciones de comida, se habían tenido que saltar comidas en
el día o habían pasado días enteros sin comer”, plantea al hacer referencia al
sondeo que midió en tres momentos diferentes las repercusiones de la pandemia
en los grupos más vulnerables.
No obstante, el estudio producido por la gestión del ministro Miguel Ceara Hatton reconoce que los programas sociales Quédate en Casa y Fase I evitaron que 752,395 dominicanos cayeran en condición de pobreza monetaria durante los peores meses de la pandemia. “De estos, 315 431 personas podrían haber caído en situación de indigencia de no poner en marcha los programas de mitigación”, indica la investigación.
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