El Cañero

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19 de febrero de 2021

COVID-19 enrostra a República Dominicana derrotas devastadoras

Kleiner López  | El Caribe

La vacuna llegada de la India comenzó a aplicarse desde el pasado martes.

A casi un año de la guerra contra la pandemia, los dominicanos lamentan las muertes de 3,007 personas y la pérdida de más de 200 mil empleos formales en el país

Desde que República Dominicana confirmó el primer caso de COVID-19, el primero de marzo de 2020, la contención de la propagación del virus, de las muertes, del desempleo, de la falta de ingresos y la baja productividad, ha sido la estrategia utilizada por las autoridades para sortear la crisis sanitaria más relevante de las últimas décadas.

A casi doce meses de una lucha sin descanso con un enemigo que arrancó la vida a 3,007 dominicanos, provocó 232,780 contagios y mantiene presionado el sistema de salud, ocupando las camas de la red hospitalaria por encima del 28 % y dejando las unidades de cuidados intensivos (UCI) con disponibilidad siempre al límite porque con frecuencia están ocupadas en más de un 42 %.

Ha sido una batalla con pérdidas, pero también con victorias. Los casos recuperados que registra el sistema ascienden a 181,402 y las muestras procesadas a la fecha es de 1,159,480, con un total de 926,701 descartadas, lo que evidencia la profesionalidad del personal médico dominicano y la valentía de la población para enfrentar el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19.

El triunfo más reciente es la llegada de 20 mil dosis de la vacuna Covishield y la inmediata vacunación de 182 trabajadores de la salud que luchan contra el coronavirus en el Hospital de la Fuerza Aérea Dominicana Ramón de Lara.

Justamente, en ese lugar comenzó todo. El 1 de marzo de 2020 fue ingresado en el hospital militar el primer paciente de coronavirus en República Dominicana. El ciudadano italiano Claudio Pascuali, de 62 años, quien habría llegado al país nueve días antes, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, estuvo hospitalizado 54 días.

Como resultado de la expansión del agente infeccioso dentro del país, las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas para evitar la propagación del virus. Entre el 17 y el 21 de marzo de 2020, la cotidianidad de los ciudadanos dio un giro de 360 grados, al verse sometidos a un confinamiento y distanciamiento social nunca antes vivido en el país.

Se suspendió la docencia en todos los centros escolares y universitarios; la realización de eventos y concentraciones culturales, artísticas, deportivas y proselitistas; toda actividad comercial no esencial y se prohibió la circulación de autobuses y minibuses interurbanos, los autobuses de la OMSA, el metro y el teleférico. Además, se cerraron las fronteras del país por tierra, mar y aire. El uso de mascarillas faciales en espacios públicos y lugares de trabajo se volvió en obligatorio a partir del 16 de abril de 2020.

Desafortunadamente, las medidas no lograron frenar la eficacia de un virus que al cuarto mes había sobrepasado los 39 mil infectados y las 800 muertes y que, por si fuera poco, planteaba nuevos desafíos en el Distrito Nacional y en las provincias Santo Domingo, San Francisco de Macorís y Puerto Plata, donde hubo que realizar intervenciones sanitarias para controlar y mitigar los efectos del contagio comunitario.

La carrera contra la expansión de la enfermedad se corría paralelamente con otra cuyos efectos económicos y sociales no tardarían en llegar. El impacto que la pandemia iba provocando en miles de personas que perdían su trabajo o sus ingresos vislumbraba su contundencia.

El estudio “COVID-19. Bajo la Lupa. Efectos en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo”, que publicó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en septiembre de 2020, plantea que las medidas de aislamiento, el distanciamiento social, la limitación de la libertad de tránsito y el cierre de las actividades económicas no esenciales impactaron de forma decisiva la situación laboral de miles de dominicanos.

“Durante la crisis provocada por la COVID-19, el número de trabajadores activos en las nóminas reportadas por las empresas empleadoras a la Tesorería de la Seguridad Social muestra una caída neta de 240,361 trabajadores en el período comprendido entre abril y octubre 2020, de los cuales 18,885 se perdieron en el sector público y 221,476 en el privado”, precisa la investigación.

De acuerdo con el estudio, el año pasado no solo aumentó la pobreza monetaria, sino que se produjo un derrumbe de ingresos en la escalera social.

“Aún en septiembre, tres de cada 10 hogares entrevistados por la encuesta de hogares Red Actúa, levantada por SIUBEN, habían reducido las porciones de comida, se habían tenido que saltar comidas en el día o habían pasado días enteros sin comer”, plantea al hacer referencia al sondeo que midió en tres momentos diferentes las repercusiones de la pandemia en los grupos más vulnerables.

No obstante, el estudio producido por la gestión del ministro Miguel Ceara Hatton reconoce que los programas sociales Quédate en Casa y Fase I evitaron que 752,395 dominicanos cayeran en condición de pobreza monetaria durante los peores meses de la pandemia. “De estos, 315 431 personas podrían haber caído en situación de indigencia de no poner en marcha los programas de mitigación”, indica la investigación.

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