El Cañero

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16 de agosto de 2017

“La salud no tiene precio” “PERO” Tiene un costo que alguien debe financiar.

Daniel Guzmán
El tema ha sido objeto de debate por muchos años. Es  tan complejo que M. A. Asenjo [1] ha identificado que en el mundo existen cincuenta y siete (57) confusas variaciones de financiamiento entre las que se destacan: seguros sociales, cargos a los pacientes, seguros privados, hospitales públicos, y privados, entre otras.
Destaca M. A. Asenjo que dentro de los países democráticos desarrollados, existen modelos sanitarios de todo tipo, siendo extremos en cuanto a financiación Estado Unidos de Norte América  de financiación fundamentalmente privada, consume más del 17% PIB gasto total y 7% PIB gasto público [2], frena la utilización por el precio  y el Reino Unido de financiamiento público, consume el 9.1% PIB gasto total y 7.8% del PIB gasto público, frena el uso por la lista de espera. 
En la década de los años 90 del siglo pasado la República Dominicana que contaba con un sistema de salud segmentado, realizó una serie de estudio y luego de un gran consenso, en el año 2001, en el Congreso Nacional se aprobaron y posteriormente promulgadas por el Presidente de la República, la ley General de Salud 42-01 que crea el Sistema Nacional de Salud (SNS) y 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El SNS es INNOVADOR Sobre todo establece  QUIÉN y CÓMO SE FINANCIA LA SALUD.
QUIÉN FINANCIA LA SALUD en República Dominicana:
De acuerdo a las leyes 42-01 y 87-01 la salud en República Dominicana es financiada por: el Estado, la Empresa privada y el Trabajador (Población Económicamente Activa – PEA) según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) al 2015 la PEA es de 5,012,107, de los cuales 1,982,922 (39.5%) según informe enero a junio de este año de la TSS están registrados.

La PEA a su vez en el país está conformada por dos  segmentos  a) trabajadores formales (incluyendo los ejecutivos y funcionarios), es decir los que trabajan para una empresa y/o institución, incluyendo el Estado como empleador y b) los trabajadores informales, que de acuerdo con la Encuesta de Fuerza de trabajo del Banco Central, el 56% de la mano de obra activa en el país trabaja en actividad laborales de informalidad.

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