Daniel Guzmán
El
tema ha sido objeto de debate por muchos años. Es tan complejo que M. A. Asenjo [1] ha
identificado que en el mundo existen cincuenta y siete (57) confusas
variaciones de financiamiento entre las que se destacan: seguros sociales, cargos
a los pacientes, seguros privados, hospitales públicos, y privados, entre
otras.
Destaca
M. A. Asenjo que dentro de los países democráticos desarrollados, existen
modelos sanitarios de todo tipo, siendo extremos en cuanto a financiación
Estado Unidos de Norte América de
financiación fundamentalmente privada, consume más del 17% PIB gasto total y 7%
PIB gasto público [2], frena la utilización por el precio y el Reino Unido de financiamiento público,
consume el 9.1% PIB gasto total y 7.8% del PIB gasto público, frena el uso por
la lista de espera.
En
la década de los años 90 del siglo pasado la República Dominicana que contaba
con un sistema de salud segmentado, realizó una serie de estudio y luego de un
gran consenso, en el año 2001, en el Congreso Nacional se aprobaron y
posteriormente promulgadas por el Presidente de la República, la ley General de
Salud 42-01 que crea el Sistema Nacional de Salud (SNS) y 87-01 que crea el
Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El
SNS es INNOVADOR Sobre todo establece
QUIÉN y CÓMO SE FINANCIA LA SALUD.
QUIÉN
FINANCIA LA SALUD en República Dominicana:
De
acuerdo a las leyes 42-01 y 87-01 la salud en República Dominicana es
financiada por: el Estado, la Empresa privada y el Trabajador (Población
Económicamente Activa – PEA) según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) al
2015 la PEA es de 5,012,107, de los cuales 1,982,922 (39.5%) según informe
enero a junio de este año de la TSS están registrados.
La
PEA a su vez en el país está conformada por dos
segmentos a) trabajadores
formales (incluyendo los ejecutivos y funcionarios), es decir los que trabajan
para una empresa y/o institución, incluyendo el Estado como empleador y b) los
trabajadores informales, que de acuerdo con la Encuesta de Fuerza de trabajo
del Banco Central, el 56% de la mano de obra activa en el país trabaja en
actividad laborales de informalidad.
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