Recordemos que los derechos humanos fueron originalmente formulados por
y para los hombres, en una época en que las mujeres ni siquiera eran ciudadanas
sino que, al igual que los niños, eran social y jurídicamente dependientes de sus
padres y esposos. Como sólo los hombres se consideraban sujetos sociales
portadores de derechos, las primeras generaciones de derechos civiles y
políticos se centraron en ámbitos que eran relevantes para los varones, como la
política o el trabajo remunerado (v.g., el sufragio, la libertad de expresión y
asociación, los derechos de propiedad, el debido proceso y el hábeas corpus,
los derechos laborales, etc.).
Por eso, durante casi dos siglos el objetivo prioritario de los
movimientos feministas fue justamente lograr el acceso de las mujeres al
ejercicio paritario de estos derechos originalmente concebidos como masculinos.
Pero hay derechos a los que no se puede simplemente “agregar” a las mujeres
porque se refieren a situaciones que son específicas a la condición femenina,
situaciones que durante mucho tiempo no fueron pensadas en términos de
derechos, como son las vinculadas a la sexualidad, a la reproducción y a la
violencia de género. Aunque hace ya tiempo se habla del derecho a una vida
libre de violencia o del derecho a la planificación familiar, por ejemplo, por
lo general éstos no se ubican en la misma categoría que los Derechos Humanos
Universales sino que, a lo sumo, se ven como derechos particulares de las
mujeres, una categoría obviamente inferior, desprovista de la dimensión de
universalidad que en las sociedades patriarcales solo se otorga a los hombres y
a los asuntos masculinos.
Otro factor a tomar en cuenta es que en nuestro país los tomadores de
decisión siguen siendo mayormente hombres, lo que significa que nunca han
tenido que enfrentar las vulnerabilidades de vivir en un cuerpo que el
imaginario social sigue construyendo como un espacio que otros pueden dominar o
utilizar a su gusto, sobre el cual otros tienen derecho a decidir. Como nunca
han sufrido el acoso callejero no entienden cómo éste viola el derecho de las
niñas y las mujeres a caminar por la calle sin tener que aguantar al ejército
de babosos que se creen con derecho a opinar sobre su apariencia (“¡Mamacita,
tú sí ‘ta buuuenaa!” “¿Y tó eso es tuyo? Dame un chin…”, etc., etc. hasta la
náusea). Nunca han tenido que recibir propuestas o toqueteos indeseados de su
jefe, su profesor o su psiquiatra; al montarse en una guagua o un vagón de
Metro atestado de gente no han tenido que sufrir el pene erecto que se frota
contra sus nalgas; no han tenido que estar pendientes todos los días de su vida
de si la ropa que se van a poner es “provocativa”, de si se montan o no en ese
carro público donde solo van hombres, de si su acompañante en la discoteca le
va a echar una tableta de Rohypnol a su trago mientras va al baño, de si el
ladrón que se metió en su casa aparte de robarle también la va a violar.
En otras palabras, los tomadores de decisión no han vivido en carne
propia el asedio constante, la necesidad de vigilancia permanente, la amenaza
omnipresente de violencia masculina que forma parte de la experiencia vital
femenina desde la infancia, y que no sólo limita las libertades, las
actividades y los desplazamientos de las mujeres –o sea, su ejercicio
ciudadano- sino que también mina su autoestima, su seguridad personal y su
integridad emocional.
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