Enrique De Marchena, Llilda Solano y Ernesto Selman |
SANTO DOMINGO. - La República Dominicana debe abocarse a poner en marcha políticas tendentes para impulsar el desarrollo de energías renovables, incluyendo aumentar las oportunidades de acceso al financiamiento a través de mecanismos nacionales e internacionales y reponer los incentivos que reducen los altos costos de la tecnología en más de un 20%.
En vista de que el país no produce petróleo “resulta oneroso” fundamentar el sistema energético a partir de combustibles fósiles y por lo tanto “sin lugar a dudas, es atractivo desde el punto de vista económico hacer una transición a energías renovables”, recomienda Llilda Solano, socia de DMK Abogados/Central Law y experta en legislación económica y derecho empresarial.
Expone sus criterios en el recién publicado libro “Inversiones Extranjeras en el Sector Energético en Latinoamérica”, del cual ella es autora del capítulo dedicado a República Dominicana.
La licenciada Solano señala que el Plan Energético Nacional, la Estrategia Nacional de Desarrollo y su Plan de Desarrollo Compatible con el Clima establecen que para el 2025 (en 9 años) el 25% de la energía producida debe ser de fuentes renovables, y la reducción de gases de efecto invernadero debe reducirse en un 25% al 2030 (14 años), y para alcanzar estos objetivos es necesario hacer la transición a un sistema energético sostenible.
Destaca que a pesar de estos ambiciosos objetivos “la visión energética de largo plazo del país todavía parece apoyar un sistema ampliamente basado en combustibles fósiles”; y cita como ejemplo que en el Ministerio de Energía y Minas tiene varios viceministros, pero ninguno de ellos a cargo de energía renovable.
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