Santos y Timochenko, tras firmar el primer
acuerdo de paz en septiembre. R. MALDONADO (EFE) / EFE
El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las
FARC han alcanzado este sábado un nuevo acuerdo de paz para poner fin a una
guerra de más de 50 años. Poco más de un mes después de que los colombianos
rechazasen en el plebiscito del 2 de octubre el pacto suscrito por el
presidente, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias
Timochenko, ambas partes han firmado un nuevo texto, que aún no es público y
del que se desconoce el mecanismo por el que será refrendado. El pacto,
aseguraron el Gobierno y las FARC, incorpora buena parte de los reclamos de los
partidarios del ‘no’ en la consulta.
El principal abanderado del 'no', el
expresidente Álvaro Uribe, pidió a Santos que el nuevo texto no tenga alcance
definitivo y sea puesto en conocimiento de todos los voceros del 'no' y de las
víctimas. El propósito, aseguró Uribe después de reunirse de urgencia con
Santos antes de que se hiciese público el acuerdo, es que cualquier observación
o solicitud de modificación sea llevada a una nueva reunión con el equipo
negociador del Gobierno. En una alocución al país, el presidente insistió en
que de las 57 observaciones que habían hecho los partidarios del 'no', solo en
una -la participación en política de las FARC- no se logró avanzar. "Este
acuerdo, renovado, ajustado, precisado y aclarado debe unirnos, no
dividirnos", recalcó Santos.
Los negociadores del Gobierno y las FARC
llevaban desde el pasado 4 de noviembre en La Habana tratando de cerrar el
nuevo acuerdo, en una suerte de cónclave similar al que se celebró en agosto y
en el que se fraguó el primer texto, firmado el 26 de septiembre en Cartagena
por Santos y Timochenko. La orden para el equipo que dirige Humberto de la
Calle era clara: no volverían a Colombia hasta tener un nuevo acuerdo. El
Gobierno llevó a la capital cubana todas las consideraciones que habían hecho
los representantes del ‘no’, cerca de 400 propuestas agrupadas en 60 bloques,
para considerarlas con los dirigentes de la guerrilla. Una vez más, los asuntos
relacionados con la justicia y la participación en política de las FARC fueron
los más delicados. “Dije que el acuerdo del 26 de septiembre era el mejor
acuerdo posible. Pero hoy, con humildad, reconozco que este acuerdo es mejor en
cuanto que resuelve muchas críticas", aseguró previamente el jefe
negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, tras firmar el nuevo acuerdo. De
la Calle confió en que "la base de apoyo que lo recoja lo haga más
sólido".
Fuentes de lado y lado al tanto del nuevo
texto aseguran que el modelo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),
grosso modo, se mantiene, por lo que los guerrilleros evitarán ir a la cárcel y
seguirán pudiendo optar a participar en política. El nuevo acuerdo, según el
comunicado conjunto conocido este sábado, precisa las reglas y las áreas de restricción
de libertad para los condenados. Además, las FARC se comprometen a entregar un
listado de sus bienes de antemano.
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