Pese a todo el andamiaje legal que se ha creado en el país para transparentar
el uso de los fondos públicos, los ayuntamientos siguen actuando al margen de
este esquema.
Reiteradamente, la Cámara de Cuentas ha reprochado esta falta de rigor y se
ha quejado de que los cabildos no cumplen con el deber de corregir las faltas a
los procedimientos contables que se les señalan en las auditorías.
Estamos en presencia de una conducta muy generalizada, pero bastante
perniciosa, que solo estimula el manejo irregular de los fondos públicos y la
persistencia, en esos gobiernos municipales, de una cultura del gasto no
controlado, el gasto caprichoso o la desviación de los recursos que deberían ser
dirigidos e invertidos en obras a favor del pueblo.
Llama la atención que estas prácticas de manejo sin control o antojadizo no
hayan sido desaprobadas ni denunciadas con todo el vigor por los partidos
políticos, que son los que postulan a los alcaldes y regidores como ejercicios
arriesgados que pueden conducir, a la franca, a graves actos de corrupción.
Tampoco se ha sentido el entusiasmo de estos partidos a la hora de esclarecer
o verificar las denuncias que se hacen en el sentido de que, para lograr
permisos de construcción de obras o de instalación de empresas, así como para
otros actos municipales, los interesados deben hacer ciertas “concesiones” si
quieren luz verde para sus proyectos.
Pero más que criticarles a los partidos estas negligencias, la que
verdaderamente tiene que interpelarse a sí misma es la sociedad, que percibe que
esta situación anómala se generaliza, se permite, en medio de la mayor
impunidad. (LD)
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