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3 de julio de 2020

Abogado penalista propone acusadores particulares del Estado para casos de corrupción

Dice se trata de solución intermedia y transitoria mientras se logra total independencia del Ministerio Público
Por El Nuevo Diario
Doctor Manuel Ulises Bonnelly Vega, experto abogado penalista y exjuez
de los tribunales dominicanos.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En República Dominicana, constituye un reclamo de las grandes mayorías el firme enfrentamiento de la corrupción y el cese de la impunidad. Con miras a lograr tal objetivo ha surgido, en los últimos años, la idea de un Ministerio Público con mayor independencia.
“Esta independencia, tal como se ha planteado desde distintos sectores de la vida nacional, implicaría una reforma constitucional y legal que permita un diseño del Ministerio Público distinto al existente.” Así explicó el Doctor Manuel Ulises Bonnelly Vega, experto abogado penalista, en visita girada a El Nuevo Diario la mañana de este jueves.
El ex juez y destacado profesor universitario visitó las oficinas de este diario atendiendo a nuestra invitación con el objetivo de conocer su propuesta sobre la creación de una Oficina Nacional de Acusadores Particulares del Estado, como una solución intermedia entre el estado actual y la total independencia del Ministerio Público o la creación de un fiscal independiente para los casos de corrupción.
Bonnelly Vega entiende necesaria una reforma del Ministerio Público como institución la cual debería incluir, entre otras muchas cosas, la creación de un Ministerio de Justicia que se encargaría de todos aquellos asuntos que, hoy día, competen al Procurador General de la República y que no son de la exclusiva esfera de la investigación penal tales como la Dirección de Prisiones, el Departamento de Alquileres, la Dirección de ONG’S, la tramitación de exequátur, entre muchas otras cosas que nada tienen que ver con la función esencial del Ministerio Público de formular e implementar la política del Estado contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad, tal como afirma, lo dispone el artículo 169 de la Constitución.
Esa reforma -asegura- “también podría incluir la creación de un fiscal especial para atender infracciones de gran importancia como los delitos relacionados con la corrupción y, además, la total independencia del Ministerio Público, creando un mecanismo distinto al vigente para la designación del Procurador General de la República y la mitad de sus adjuntos que, actualmente, son designados por el Poder Ejecutivo”.
Sobre este punto, el también presidente del Grupo Dominicano de la Asociación Internacional de Derecho Penal, manifestó: “debemos repensar, si luego de la Constitución del año 2010 y su concepción del Estado Social y Democrático de Derecho, es razonable que el Procurador General de la República continúe siendo un funcionario de libre designación y remoción por parte del Poder Ejecutivo. Y lo mismo puede decirse de los siete de sus adjuntos que designa el Presidente de la República de un total de los catorce adjuntos del Procurador contemplados en la ley”.
Añadió que lo deseable, es que, al igual que los jueces de las altas cortes, el Procurador General sea seleccionado por un mecanismo distinto al existente y que tenga un período de inamovilidad, por el tiempo que legalmente se determine, pudiendo ser renovado o ratificado por un período similar, dependiendo de su desempeño; ya que – a su juicio- el sistema de libre remoción no solo politiza la designación del máximo representante del Ministerio Público, sino que conforme a las experiencias que hemos vivido revelan que esto tiende a mediatizar la lucha en contra de los grandes delitos que agreden el patrimonio público.
De todos los reclamos que se hacen desde diversos sectores de la sociedad, uno de los que resulta de mayor relevancia es el de la creación de una estructura que permita mayor efectividad en la investigación, persecución y procesamiento de los delitos relacionados con la corrupción no sólo en procura de castigos ejemplares para quienes, desde el propio Estado o desde el sector privado, dilapidan el erario público sino de lograr la anhelada recuperación de esos bienes.

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