.jpg)
El juez José Castro acaba de decretar este lunes la apertura del juicio del caso Urdangarin y ha decidido que la hermana del Rey, la Infanta Cristina de Borbón, debe sentarse en el banquillo de los acusados ante un tribunal que la juzgará como cooperadora necesaria en los delitos fiscales de su marido.
El instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido. La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se sentará en el el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su marido.
El instructor considera que la esposa de Iñaki Urdangarin debe ser juzgada para que ante un tribunal se diriman los supuestos indicios de dos delitos fiscales, en un papel de cooperadora de los mismos fraudes, en 2007 y 2008, de los que se acusa a su marido. La vista oral se puede celebrar en la segunda mitad de 2015 en la Audiencia de Palma. Castro le pide 2,6 millones de euros de responsabilidad pecuniaria. La Infanta se sentará en el el banquillo junto a 16 personas más, entre ellas, su marido.
El magistrado Castro, al poner el broche a la instrucción después de cuatro años, mantiene el criterio que expresó en 2013 cuando dictó la primera imputación contra la Infanta, implicación que inicialmente derribó la Audiencia de Palma. Semanas atrás, en 2014, los tres magistrados del Tribunal coincidieron con las tesis del instructor al encausar a Cristina de Borbón por dos supuestos delitos contra la Hacienda pública, a pesar de que existe contra ella una única acusación la del pseudo sindicato ultra Manos Limpias. Esta parte reclama ocho años de cárcel para la infanta.
El juez ha desatendido las razones de los extensos alegatos defensivos delos escritos de calificación del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, de la Abogacía del Estado y de los letrados de Cristina de Borbón. Estas partes se centraron en la no existencia de indicios delictivos contra la Infanta y, además, subrayaron que era de inexcusable aplicación –a su favor- la llamada doctrina Botín, del Tribunal Supremo que señala que si no acusan la fiscalía y la abogacía estatal en un delito que alude al Estado no puede juzgarse.
El juez Castro interpreta, con el respaldo del mandato de la Audiencia, que si la fiscalía y Hacienda acusan por los mismos delitos a Urdangarin y su socio Diego Torres no hay razón por la que no se pueda juzgar a la hermana del Rey. El magistrado escribe que si no prospera la acusación de doble delito fiscal, cabría declarar a la Infanta "partícipe a título lucrativo de los demás supuestos delitos" perpetrados por su marido "de los que su esposa haya podido lucrarse sin haber participado delictivamente en ellos".
El juez pide que Urdangarin deposite en concepto de fianza de responsabilidad civil y en total de 14.957.262 euros, y para su esposa reclama que pague 2.697.150 euros. El juez pide más de 90 millones de fianza en total por responsabilidad pecuniaria para las 17 personas que se sientan en el banquillo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario