Ciento sesenta países, incluyendo la República Dominicana, una abrumadora mayoría entre las 194 naciones del conglomerado mundial, no conceden ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes ilegales, ningún Estado europeo consiente ese beneficio y solo Estados Unidos y Canadá, del conjunto de las 31 economías más avanzadas de la tierra, otorgan ese privilegio.
En el contexto de esa realidad, la tendencia universal es de alejamiento de la ciudadanía por nacimiento, a la vez que muchos países que una vez tenían esas políticas las han eliminado en décadas recientes.
Estos datos los revela un estudio del Centro para Estudios de la Inmigración, con sede en Washington, Estados Unidos, regentado por Mark Krikorian, su director ejecutivo. Su autor, Jon Feere, es analista de política legal del organismo.
Los países que han aprobado nuevas políticas para regularizar el estatus de los inmigrantes ilegales o modificar cláusulas para ajustarlas a los residentes legales, han encontrado focos de resistencia, aunque pocos como la República Dominicana, víctima de una campaña de denuncias en foros locales e internacionales.
Esta semana, Mark Krikorian, director del Centro para Estudios de la Inmigración, dijo a LISTÍN DIARIO que la decisión de República Dominicana de introducir cambios en las reglas para otorgar la ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos aquí es una prerrogativa de la nación, aunque manifestó su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional.
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