Durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, el colapso del tejado de la discoteca Jet Set dejó 233 muertos y más de 260 heridos, convirtiéndose en la mayor catástrofe civil de la historia del país. Entre las víctimas destacaron figuras como Pérez, el exbeisbolista Octavio Dotel, la gobernadora Nelsy Cruz y el diseñador Martín Polanco. El local, con 50 años de antigüedad y renovaciones en 2010 y 2015, estaba al máximo de su capacidad (800 sentados o 2,000 de pie).
La tragedia desató una investigación penal liderada por
la Procuraduría General y análisis técnicos de la Oficina Nacional de
Evaluación Sísmica (Onesvie) para determinar las causas, aún no esclarecidas.
Se sospecha de negligencias estructurales, ya que testigos reportaron escombros
y filtraciones previas. La cantante Tokischa y familiares de víctimas, como la
hija de Pérez, denunciaron que no fue un accidente, sino resultado de fallos
evitables.
El presidente Luis Abinader decretó seis días de luto
nacional y visitó el lugar, prometiendo respuestas claras. La Procuraduría
incautó la discoteca el 7 de mayo y bloqueó transferencias de bienes del dueño,
Antonio Espaillat, acusado de intentar eludir responsabilidades. Se han
presentado demandas civiles contra Espaillat, su madre, la empresa propietaria
y el Estado por falta de supervisión.
La sociedad dominicana sigue conmocionada, con
sobrevivientes compartiendo testimonios de terror y gratitud. La tragedia
expuso fallas en la fiscalización de construcciones, generando debate sobre la
necesidad de revisar normativas. En redes, persisten especulaciones y
desinformación, como el caso de un falso rescatista detenido por lucrarse con
entrevistas. Las familias aún claman justicia y respuestas definitivas.
A nivel judicial, el Ministerio Público mantiene abierta
una investigación para determinar las causas del colapso estructural, señalando
una posible responsabilidad compartida entre el propietario del local, Antonio
Espaillat, y el Estado dominicano, ya que en tres décadas de operación nunca se
realizó una inspección técnica al inmueble. Como medida cautelar, la
Procuraduría General incautó el local de Jet Set el 7 de mayo, y más de 15
demandas civiles han sido interpuestas por familiares de las víctimas en busca
de justicia.
El impacto psicológico ha sido significativo, con un
aumento en casos de trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión
entre sobrevivientes y familiares. Las ruinas del Jet Set se han convertido en
un memorial espontáneo, donde diariamente se dejan flores, velas y mensajes de
justicia.
En respuesta a la tragedia, han surgido proyectos
legislativos para reforzar los controles estructurales de locales públicos y
prevenir futuras catástrofes. A pesar del dolor, la sociedad dominicana sigue
exigiendo responsabilidades claras y movilizándose para evitar que algo similar
vuelva a ocurrir.
A un mes del
desastre, la sociedad dominicana aún procesa el dolor, reclama
responsabilidades claras y se moviliza para evitar que otra tragedia similar
vuelva a ocurrir. La tragedia del Jet Set no solo dejó muertes y escombros,
sino una profunda herida nacional que exige memoria, verdad y acción.
La República Dominicana cuenta con un marco normativo sólido para la seguridad en construcciones, pero la tragedia del Jet Set revela una aplicación deficiente, falta de fiscalización y necesidad de actualizar protocolos para locales de alta concurrencia. La respuesta legislativa y las sanciones en curso son pasos positivos, pero se requiere una reforma integral, mayor educación y una cultura de cumplimiento para prevenir futuras tragedias.
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