Wanda
Méndez
wanda.mendez@listindiario.com
Santo
Domingo.- El presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Román Jaquez Liranzo, dijo ayer que las
medidas de coerción a los acusados de incurrir en delitos electorales serán
conocidas por un juez de atención permanente que designará el Pleno de la Alta
Corte, al igual que los que conocerán las demás fases del proceso penal.
Precisó
que la oficina de atención permanente que habilitarán para esos casos
funcionará a través de la secretaría general del TSE, y que la capacitación del
personal que trabajará está en la fase final.
También
precisó que el Pleno designará a los jueces que conocerán las demás etapas del
proceso penal, instrucción, juicio de fondo, apelación o para conocer cualquier
recurso que se interponga, como por ejemplo un habeas corpus.
Puntualizó
que para el conocimiento de las infracciones electorales serán integrados los 5
jueces suplentes, además de los 5 jueces titulares que componen el tribunal,
porque son los que constitucionalmente tienen competencia, pero que para cada
etapa, el Pleno se ocupará de asignar el o los magistrados necesarios, ya sean
titulares o suplentes.
Respuesta oportuna
“El
tribunal no tiene ningún tipo de dudas de que va a satisfacer y va a dar
respuesta oportuna, apegada al debido proceso y a las garantías procesales
penales, a todas las personas que sean acusadas de estos delitos”, puntualizó.
Indicó que los casos serán conocidos en la misma sala que actualmente se
conocen los recursos contenciosos y administrativos, ya que no se le aprobaron
los recursos para habilitar otra, debido a que del presupuesto de 1,040
millones que solicitaron para este año, solamente se le aprobó 600
millones.
El
presidente del TSE habló al concluir una reunión que sostuvo en su despacho con
el procurador general, Jean Alain Rodríguez, en la que coordinaron acciones
para el conocimiento y persecución de los delitos electorales.
Persecución
El
procurador Rodríguez indicó que el ministerio público, a través de los fiscales
de todo el país, se ocupará de la investigación y persecución, no la
procuraduría especializada.
“Esto no es más ni menos importante, es un
delito y tiene una sanción que lo contempla la ley, se desarrolla un proceso y
si se tienen evidencias, si se tienen pruebas, es traído al TSE”, expresó
Rodríguez. Sostuvo que el ministerio público es el que tiene la responsabilidad
de investigar y perseguir esos delitos, a través de los fiscales, tras aclarar
que el rol de la procuraduría especializada que dispone crear la constitución
es para apoyo y cooperación, y se encuentra en proceso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario