Por GENE JOHNSON
El fallo se produjo en una demanda presentada por
refugiados individuales cuyos esfuerzos por reasentarse en Estados Unidos se
han detenido, así como por importantes grupos de ayuda a los refugiados, que
argumentaron que han tenido que despedir personal porque la administración
congeló los fondos para procesar las solicitudes de refugio en el extranjero,
así como el apoyo, como la asistencia de alquiler a corto plazo para aquellos
que ya están en Estados Unidos.
El juez de distrito de EE. UU. Jamal Whitehead, designado
por el expresidente Joe Biden en 2023, dijo después de escuchar los argumentos
el martes que las acciones del presidente equivalían a una "anulación
efectiva de la voluntad del Congreso" al establecer el programa de
admisión de refugiados de la nación. Prometió ofrecer una justificación más
completa en una opinión escrita en los próximos días.
"El presidente tiene discreción sustancial (...)
para suspender las admisiones de refugiados", dijo Whitehead a las partes.
"Pero esa autoridad no es ilimitada".
La reciente orden de Trump decía que el programa de
refugiados, una forma de migración legal a Estados Unidos para personas
desplazadas por guerras, desastres naturales o persecución, se suspendería
porque las ciudades y comunidades habían sido gravadas por "niveles récord
de migración" y no tenían la capacidad de "absorber grandes
cantidades de migrantes, y en particular, refugiados". Hay 600.000
personas que están siendo procesadas para venir a Estados Unidos como
refugiados en todo el mundo, según la administración.
A pesar del apoyo de larga data de ambas partes para
aceptar refugiados minuciosamente examinados, el programa se ha politizado en
los últimos años. Trump también lo detuvo temporalmente durante su primer
mandato, y luego disminuyó drásticamente el número de refugiados que podían
ingresar a Estados Unidos cada año.
Durante los argumentos, Flentje insistió en que la orden
estaba dentro de la autoridad de Trump, citando una ley que permite al
presidente negar la entrada a extranjeros cuya admisión a Estados Unidos
"sería perjudicial para los intereses de Estados Unidos".
"Esta es una autoridad amplia que es esencialmente
como una autoridad legislativa conferida al presidente", dijo Flentje.
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