Por Eymi Silvestre El Dia
Sectores solicitan al Gobierno crear procesos eviten
fraudes
De acuerdo con Annerys Meléndez, presidente de la
Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi),
es importante robustecer este proceso mediante campañas dirigidas hacia la
ciudadanía para que de esta manera se eviten las estafas.
“Desde el gremio promovemos las mejores prácticas en
todas las áreas del sector, desde la conceptualización, tramitación,
comercialización y construcción de proyectos, para garantizar mayor seguridad
jurídica y éxito en las transacciones inmobiliarias de viviendas”, detalló
Meléndez a EL DÍA.
Medidas
Alberto Bogaert, presidente de la Asociación de Agentes y
Empresas Inmobiliarias, aconsejó a usuarios interesados en comprar un proyecto
a auxiliarse de un abogado, depurar la documentación legal del inmueble, hacer
visitas presenciales a la propiedad , verificar el respaldo financiero del
mismo y revisar el historial del desarrollador.
Indicó que, aunque en los últimos meses el mercado
inmobiliario y de la construcción se ha visto opacado por algunos casos
aislados que han desacelerado los avances y logros obtenidos, invita a
compradores y clientes a seguir invirtiendo y buscando asesoría inmobiliaria
para una inversión segura.
“El mercado inmobiliario dominicano es muy sólido,
pujante, diverso e innovador y ha dado muchos frutos a compradores e
inversionistas dominicanos y extranjeros.
Se han entregado decenas de miles de unidades en los
últimos años y otras que se encuentran en proceso de construcción”, añadió.
Existe deficiencia
En el país se requiere una figura jurídica que proteja
tanto a los clientes como a las agencias inmobiliarias de verse involucradas en
fraudes, ya que existe una deficiencia en los procesos de venta de
documentación y permisología requerida, que da cabida a que malhechores se
aprovechen de estas debilidades y hasta arresten consigo a agentes
inmobiliarios a esquemas fraudulentos, así explicó una fuente vinculada al
sector.
Marco normativo
Carlos Báez, abogado penalista, plantea que el Gobierno,
en conjunto con los ayuntamientos y otras entidades reguladoras, establezca un
marco normativo más estricto para la venta de proyectos inmobiliarios.
Además, se sugiere que las constructoras sean
supervisadas por los ayuntamientos y organismos estatales pertinentes,
garantizando que cumplan con los requisitos legales y ambientales.
Asimismo, considera fundamental que el Estado promueva
una campaña de concientización dirigida a los compradores, especialmente a los
dominicanos en el exterior, para que tomen precauciones antes de realizar
inversiones inmobiliarias.
Esta iniciativa podría ser liderada por el Ministerio de
la Vivienda y otras instituciones del sector.
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