por Javier Tolcachier - Telesur
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El ejército amplía cierre de internet, la ONU
está preocupada y A.S. Suu Kyi es acusada de violar la ley de secretos.
La crisis política generada por el golpe de
Estado del pasado 1 de febrero en Myanmar no da visos de ceder en su intensidad
y este viernes trasciende la acusación contra Aung San Suu Kyi y una asesora
australiana de violar la ley de secretos oficiales, nuevos cortes en el
acceso a internet y los pronunciamientos de la ONU sobre la situación del país.
La junta militar amplió el cierre de internet
la víspera lo cual provocó que el jueves por la noche, antes de las nuevas
restricciones, las personas se apresuraran a compartir enlaces a canales de
radio y aplicaciones de comunicación que funcionan sin conexión. En las calles,
los manifestantes realizaron una vigilia, usando velas para deletrear las
palabras "Nunca nos rendiremos".
El acceso a internet ya había sido
restringido por la junta militar y se ha impuesto un cierre más amplio todas
las noches durante casi 50 días. Los nuevos recortes afectan la banda ancha
inalámbrica, aunque los servicios de fibra todavía parecen estar funcionando.
Entretanto, el jueves, el Consejo de
Seguridad de la ONU "expresó su profunda preocupación por el rápido
deterioro de la situación" en Myanmar. En un comunicado, "condenó
enérgicamente el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos y la muerte
de cientos de civiles, incluidos mujeres y niños".
El ministro de Relaciones Exteriores
británico, Dominic Raab, acusó a los militares de "el asesinato
desenfrenado de personas inocentes, incluidos niños", al anunciar
sanciones contra uno de los conglomerados militares más grandes, la Corporación
Económica de Myanmar (MEC). Reino Unido también dijo que contribuiría con
700.000 dólares a los esfuerzos del consejo de seguridad de la ONU para
documentar graves violaciones de derechos humanos en Myanmar.
Por su parte, la lideresa Aung San Suu Kyi,
fue acusada de violar una ley de secretos oficiales de la era colonial, el
cargo más grave presentado hasta ahora en su contra, por el cual puede ser
condenada a una pena de prisión de hasta 14 años. La nueva acusación se produce
un día después que Suu Kyi compareciera por enlace de video en el tribunal en
relación con cargos anteriores.
Fue arrestada el 1 de febrero cuando los
militares tomaron el poder mediante un golpe de Estado. Alegan que las
elecciones generales del año pasado, en las que la gobernante Liga Nacional
para la Democracia (NLD) de Suu Kyi ganó por abrumadora mayoría, fueron
fraudulentas.
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