El uso de identidades en niños haitianos en la República
Dominicana ha sido un tema de preocupación. Recientemente, se desmanteló una
red que proveía actas de nacimiento falsas a niños haitianos. Esta red
involucraba a empleados de la Junta Central Electoral (JCE) y a una fundación
que falsificaba documentos oficiales para declarar a estos niños1. Las
autoridades lograron desmantelar estas operaciones gracias a denuncias
presentadas por la directora del Hospital Municipal de Nizao.
La suplantación de identidad es un problema creciente en
la República Dominicana. Este delito implica el uso de la identidad de otra
persona sin su consentimiento, generalmente con fines fraudulentos. Según la
Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el robo de identidad se
sanciona con penas de tres meses a siete años de prisión y multas de dos a
doscientas veces el salario mínimo
El expediente establece que una exoficial de la JCE firmó
los libros de registro de nacimiento de hijos de inmigrantes haitianos en
condición irregular
Los documentos eran falsificados por una fundación y eran
impresos en un centro de Internet, refiere el expediente
Diario Libre
Santo Domingo - Desde el lunes cumplen medida de coerción
seis de ocho imputados, entre ellos empleados de la Junta Central Electoral
(JCE), por su vinculación con una supuesta red dedicada a la falsificación de
documentos y la expedición de actas de nacimiento a personas haitianas en el
municipio de Nizao, provincia Peravia.
Las personas que no han sido sometidas a la justicia son
María del Carmen Arias Castillo, quien fungía como encargada de la Oficialía
del Estado Civil del referido municipio, y Dominga Valdez, dueña de una
fundación que supuestamente falsificaba documentos oficiales para declarar
niños haitianos.
Las autoridades lograron desmantelar estas operaciones
que transgreden el registro civil dominicano gracias a dos denuncias
depositadas en el Juzgado de Paz de la comunidad de Nizao por la directora del
hospital municipal, Dominga Tavárez Álvarez. La doctora denunció la
falsificación de su firma para la emisión de cuatro certificaciones de nacido
vivo, a través de las cuales la Oficialía de la JCE expidió igual cantidad de
actas de nacimiento de declaración tardía para niños haitianos.
En su querella, la doctora Tavárez Álvarez identificó a
las figuras clave para el desarrollo de este ilícito, lo cual fue confirmado
por el Ministerio Público. Según la investigación, en estas operaciones
fraudulentas participaron empleados de la Junta Central Electoral y, sobre
todo, la encargada de la Oficialía, quien "validó las documentaciones
falsas cometidas por los supuestos padres de los menores".
La directora del hospital también denunció que Dominga
Valdez (prófuga), propietaria de la fundación Aneadef, dedicada a "atender
niños con discapacidad", falsificó el sello del hospital y su firma para
hacer certificaciones de nacido vivo. Estos documentos eran elaborados y
escaneados en el centro de internet Los Vegetales, propiedad del imputado
Stalin Balcón, y luego presentados ante la JCE para declarar a cuatro menores
haitianos.
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