Ányelo Mercedes El Dia
Los representantes de los tres partidos mayoritarios
reunidos ayer con el presidente de la JCE.
Esto implica que, en vez de recurrir al Congreso a los
fines de adecuar la Ley a la referida sentencia y condicionar la presentación
de propuestas en las que tal vez podrían perder meses en deliberaciones, se
asirán de las prerrogativas que le confiere la Ley a la Junta Central Electoral
para decidir sobre estos temas.
Encuentro con JCE
Ayer, representantes de los partidos Revolucionario
Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y Liberación Dominicana (PLD) se
reunieron con el pleno de la JCE para abordar varios aspectos, entre ellos, la
regulación de las candidaturas independientes.
“No hay documento, fue una conversación que tuvimos
invitándoles a que auspicien una consulta y un consenso con los partidos para
reformar esos artículos que la sentencia está anulando”, informó Danilo Díaz,
delegado del PLD ante la JCE.
Este martes el coordinador de Participación Ciudadana,
Erick Hernández, informó que los órganos internos de la entidad, se reunirán en
lo inmediato para fijar una posición definitiva.
Trabajo de la JCE
“Sin embargo, es importante destacar que la misma
sentencia indica que independientemente de su fallo, el legislador conserva la
facultad, si lo desea, de regular las candidaturas independientes”, dijo
Hernández.
Hernández, quien también es constitucionalista, indicó
que el tribunal operó dentro de sus competencias, explicando que las sentencias
pueden ser exhortativas, adictivas, que es cuando se les agrega valor, o
reductivas, que es cuando son eliminadas partes de la Ley.
Competencias violadas
“Lo preocupante para el sistema, no solo en relación con
los partidos políticos, es que el Tribunal Constitucional se ha adentrado
abordando uno de los temas previstos para leyes orgánicas.
Es en esa dirección que van los votos disidentes de la
sentencia, pues el tribunal no tenía competencias para regular lo orgánico”.
Al igual que los partidos, Hernández entiende que es la
JCE la que debe examinar de qué manera regulará la sentencia y que el mismo
tribunal reconoce que la entidad tiene la facultad para hacerlo.
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