Desde el año 2020, el Ministerio Público ha desarrollado
investigaciones de gran magnitud relacionadas con casos de corrupción
administrativa, logrando la detención de varios exfuncionarios del Estado
involucrados en escándalos que implican miles de millones de pesos.
Algunos de los casos más relevantes incluyen las
operaciones Antipulpo, Medusa, Calamar, Coral y Coral 5G, los cuales continúan
en proceso judicial sin haber emitido sentencias de primera instancia.
El movimiento Participación Ciudadana consideró este
jueves que los expedientes de corrupción administrativa no deben subsumirse en
estadísticas generales de mora judicial y que, por el contrario, deben recibir
un seguimiento especial, ya que se trata de los casos más complejos y con más
acusados.
La organización, capítulo dominicano de Transparencia
Internacional (TI), afirmó que estos casos conllevan redes complejas de
involucrados con poder para lograr y encubrir sus propósitos y porque presentan
montos jamás vistos en la historia de la Justicia dominicana.
Desde hace cuatro años, la Procuraduría General de la
República ha llevado ante los tribunales voluminosos expedientes, en su mayoría
relacionados con casos de presuntos actos de corrupción e irregularidades
administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado gobierno y del presente.
Los nombres más sonoros son los de los exministros de
Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y el
administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.
«Todos los casos de corrupción administrativa en la
Justicia avanzan muy lentamente, algunos ya pasaron o en este año cumplen 4
años, sin que se haya logrado una sola sentencia en primera instancia. Esto nos
lleva a afirmar que la mora judicial, en temas de corrupción administrativa,
sigue siendo extremadamente alta», expuso la organización.
El movimiento recordó que en informes previos «hemos
expresado que el plazo de duración máxima del proceso, de cuatro años a partir
de las medidas de coerción, no es un plazo matemático que se obtiene sumando
los días, meses y años transcurridos desde la medida de coerción».
En este informe, correspondieron al último trimestre del
año pasado, Participación Ciudadana detalla los casos de corrupción que
presentan, según su juicio, una mora judicial.
En el caso Coral y Coral 5G, el Tercer Tribunal Colegiado
del Distrito Nacional condenó a Rosa Antonia Disla, madre del coronel Rafael
Núñez de Aza, a cinco años de prisión suspendida por su implicación en el
esquema de lavado de activos. Disla actuó como testaferro de su hijo,
gestionando bienes y recursos obtenidos ilícitamente2.
El tribunal también ordenó el decomiso de una propiedad
valorada en 474,528 dólares ubicada en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata.
Además, Disla debe cumplir con varias condiciones, como mantener un domicilio
fijo, realizar 20 horas mensuales de trabajo comunitario y abstenerse de portar
armas de fuego.
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