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19 de diciembre de 2022

¿Corre peligro López Obrador? Las claves del 'golpe blando' en México

 Ariel Noyola Rodríguez    -    RT

Mentiras desde los medios de comunicación, injerencia de EE.UU. y amparos para sabotear al Gobierno, son los ingredientes de una estrategia que busca que el presidente abandone el poder.

Luego de la destitución de Pedro Castillo de la Presidencia de Perú, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre si existe el riesgo de que ocurra un escenario similar en México. El mandatario lo negó: la población está "muy avispada", es "muy fantasioso".

Sin embargo, varios miembros de los partidos que lo llevaron al poder, aseguran que, desde su toma de posesión, AMLO es objeto de una estrategia de "golpe blando" con tres componentes.

Mentiras desde los medios de comunicación corporativos, presiones desde el exterior y amparos para sabotear las acciones de su Administración, son los ingredientes de un plan que estaría buscando desgastarlo para, en última instancia, conseguir su defenestración.

Calumnias desde los medios corporativos

El presidente López Obrador ha sido blanco de una campaña de ataques orquestada desde la mayoría de los medios de comunicación, según integrantes del oficialismo.

En un primer momento, para contrarrestar esta campaña, el mandatario salía a desmentir, él mismo, varios de los reportajes sobre supuestos actos de corrupción que involucraban a su Gobierno.

Ya en un segundo momento, designó un día a la semana para hablar de las "calumnias" publicadas en los medios. Esta sección de su conferencia matutina lleva por nombre 'Quién es quién en las mentiras', a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis.

Aunque AMLO insiste que "la gente ya no cree en las mentiras" que se difunden desde los medios de comunicación corporativos, se ha venido apoyando cada vez más en García Vilchis.

La polémica sección pasó de realizarse una vez a la semana, a llevarse a cabo cada vez que el mandatario lo considera conveniente.

"Está subiendo el número de mentiras y la desesperación de nuestros adversarios, se va a seguir incrementando la calumnia", sentenció el 9 de noviembre de este año.

Paradójicamente, López Obrador considera que la prensa en México "se regula a sí misma". En estos cuatro años la política de comunicación de su Gobierno se ha visto reducida, básicamente, a sus conferencias matutinas.

El presidente López Obrador puso a cargo de varios de los medios públicos a periodistas con larga trayectoria: Sanjuana Martínez y Jenaro Villamil.

A la primera la colocó como directora de Notimex (la agencia de noticias del Gobierno) y al segundo como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano.

Ambos periodistas conocen a detalle el modus operandi de los poderes fácticos. Los respaldan sus investigaciones sobre el poder (y los abusos) de la Iglesia católica y las dos principales televisoras en México.

Sin embargo, ninguno de los dos ha conseguido fortalecer el papel del Gobierno en materia comunicacional.

Los medios a su cargo están muy lejos de competir frente a los gigantes corporativos. Y tampoco han tenido la capacidad de plantear una agenda informativa propia.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la audiencia de la televisión abierta—donde reinan Televisa y Tv Azteca—, pasó de 64 a un 77 % entre 2017 y el primer trimestre de 2022, confirmando su liderazgo como medio de consumo audiovisual.

Acusaciones desde Washington, el Parlamento Europeo y la OEA

El Gobierno del presidente López Obrador no ha estado exento de presiones desde el exterior. Gobiernos y organizaciones internacionales han lanzado una serie de acusaciones que han puesto en duda la gobernabilidad del país.

En el caso de EE.UU., el jefe del Comando Norte, el general Glen VanHerck, declaró en marzo de 2021 que por lo menos un 35 % del territorio mexicano estaba bajo el control de la delincuencia y el crimen organizado.

Se añaden también las 'alertas de viaje' hechas desde el Gobierno de Joe Biden para que ciudadanos estadounidenses eviten trasladarse a entidades federativas en México consideradas de "alto riesgo".

Otro asunto punzante entre ambos Gobiernos es el financiamiento a organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad A.C. —donde ha participado gente que AMLO considera opositora como Claudio X. González Guajardo—, de parte de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, en marzo de este año, el Parlamento Europeo alertó sobre una falta de libertad de expresión en México, en plena discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, que ponía en entredicho varios de los contratos de empresas europeas, entre ellas, la española Iberdrola.

La OEA se ha convertido en el buzón de quejas favorito de la oposición. Los dirigentes del PAN y PRI lo mismo han denunciado la "intromisión del crimen organizado en las elecciones", "ataques a las instituciones", "persecución política", que la "instalación de una dictadura".

La declaración del Parlamento del Viejo Continente habría sido una forma de presionar al Congreso para no aprobar la iniciativa, de acuerdo con Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo.

La Organización de Estados Americanos (OEA), por su parte, se ha convertido en el buzón de quejas favorito de la oposición

Los dirigentes nacionales de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), lo mismo han denunciado la "intromisión del crimen organizado en las elecciones", "ataques a las instituciones", "persecución política", que la "instalación de una dictadura".

Más recientemente, antes de la votación de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la OEA rechazó la iniciativa enviada por el presidente.

Santiago Cantón, jefe de la Misión Electoral de la Organización, presentó un informe que señalaba que México "no requiere de reformas profundas para seguir garantizando el ejercicio pleno del sufragio", y criticó los "ataques infundados" contra el árbitro electoral.

Amparos: sabotaje por la vía judicial

Otra de los ingredientes de la estrategia que busca descarrillar al presidente López Obrador es el sabotaje contra sus acciones de Gobierno y varias de las reformas aprobadas en el Congreso.

La batalla a través del Poder Judicial comenzó tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, localizado en Texcoco (Estado de México).

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