El
propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció esa
soberanía al decir que la sentencia fue dictada por una corte constitucional al
amparo del ordenamiento jurídico que se da República Dominicana, como Estado y
como nación.
Es
decir, que no se trata de una situación caprichosa, al margen de los
fundamentos legales y constitucionales, sino de la decisión inapelable del más
alto tribunal dominicano para los asuntos constitucionales, decisión que
incluso obliga a los demás poderes del Estado a respetarla y a cumplirla, y que
está revestida de una legitimidad incuestionable.
Lo
que se puso en evidencia en la reunión del Consejo Permanente de la OEA es la
sospechosa y sistemática repetición de mentiras y datos distorsionados con que
los adversarios de esta sentencia quieren neutralizarla o desvalijarla o, en el
fondo, desconocerla, lo que revela que se está haciendo un uso muy selectivo,
pero pésimo, de los contenidos del fallo para crear la percepción de que lo que
ha hecho el país ha sido una monstruosidad jurídica y antihumana.
Suerte
que el Gobierno supo esquivar los dardos venenosos que traía consigo esa
celada.
Muy
oportuna ha sido, visto ahora el montaje de la OEA, que el Gobierno enviara una
misión especial a la OEA para hacerle frente a
una campaña que, de la noche a la mañana, pareció adquirir fuerza de
tsunami antidominicano por todo el mundo.
Lo
que mandan las circunstancias, ahora, es que el Gobierno mantenga en alto el
sentido de la alerta, la capacidad de respuesta y también el espíritu de
iniciativa para hacerse presente en todos aquellos escenarios (hasta con
lobbies especiales si es preciso), desde los cuales se dispara fuego graneado
contra la Constitución y la soberanía nacionales, pretendiendo anular los
impactos de la sentencia.
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