El Cañero

31 de octubre de 2013

La soberanía ante todo

El conocimiento de los alcances de la sentencia sobre la nacionalidad dominicana del Tribunal Constitucional en el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ha puesto en claro el legítimo e irrenunciable derecho que tiene el país a defender su soberanía, al amparo de la cual se emitió el fallo.

El propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció esa soberanía al decir que la sentencia fue dictada por una corte constitucional al amparo del ordenamiento jurídico que se da República Dominicana, como Estado y como nación.

Es decir, que no se trata de una situación caprichosa, al margen de los fundamentos legales y constitucionales, sino de la decisión inapelable del más alto tribunal dominicano para los asuntos constitucionales, decisión que incluso obliga a los demás poderes del Estado a respetarla y a cumplirla, y que está revestida de una legitimidad incuestionable.

Lo que se puso en evidencia en la reunión del Consejo Permanente de la OEA es la sospechosa y sistemática repetición de mentiras y datos distorsionados con que los adversarios de esta sentencia quieren neutralizarla o desvalijarla o, en el fondo, desconocerla, lo que revela que se está haciendo un uso muy selectivo, pero pésimo, de los contenidos del fallo para crear la percepción de que lo que ha hecho el país ha sido una monstruosidad jurídica y antihumana.

Suerte que el Gobierno supo esquivar los dardos venenosos que traía consigo esa celada.

Muy oportuna ha sido, visto ahora el montaje de la OEA, que el Gobierno enviara una misión especial a la OEA para hacerle frente a  una campaña que, de la noche a la mañana, pareció adquirir fuerza de tsunami antidominicano por todo el mundo.


Lo que mandan las circunstancias, ahora, es que el Gobierno mantenga en alto el sentido de la alerta, la capacidad de respuesta y también el espíritu de iniciativa para hacerse presente en todos aquellos escenarios (hasta con lobbies especiales si es preciso), desde los cuales se dispara fuego graneado contra la Constitución y la soberanía nacionales, pretendiendo anular los impactos de la sentencia. 

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